El llamado del campo

Catolicismo, ruralidad y vivienda social en el Uruguay de los 60

The Call of the Countryside: Catholicism, the Rural and Social Housing in 1960s Uruguay

Mary Méndez

Instituto de Historia, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de la República, Uruguay

Resumen

Entre 1967 y 1968 se aprobaron en Uruguay dos leyes dirigidas a la construcción de viviendas populares. En los cuatro años siguientes se realizaron las primeras casas en el interior del país, por usuarios organizados mediante ayuda mutua. La creación de Mevir y la inclusión del sistema cooperativo en la Ley de Vivienda se instalaron en los relatos sobre historia de la vivienda social como episodios de carácter fundacional, puntos de partida para comprender las realizaciones posteriores. Ofreciendo otra mirada, en este artículo estas leyes se presentan como punto de llegada de acciones coordinadas por estancieros, obispos y arquitectos católicos durante la Guerra Fría.

A pesar de la presencia de corrientes ideológicas enfrentadas, es posible constatar entre ellos la persistencia de una matriz antimetropolitana caracterizada por una positiva valoración de la vida rural. Se sostiene que, a partir del diagnóstico de la modernidad como ruptura, los operadores católicos se comprometieron en restaurar la familia y la comunidad, recuperar el arraigo y las relaciones estables con la tierra, fomentar el trabajo creativo y las técnicas artesanales. Promovieron la ayuda mutua, el cooperativismo y el afincamiento de población en el campo, como instrumentos privilegiados para recuperar valores que consideraban en riesgo.

Palabras clave: catolicismo, Guerra Fría, ayuda mutua, vivienda social

Abstract

Between 1967 and 1968, two important laws aimed at the construction of popular housing were passed in Uruguay. In the following four years, the first houses were built in the interior of the country, by users following the modality of mutual aid.

The creation of Mevir and the inclusion of the cooperative system in the National Housing Law were installed in the stories about the history of social housing as foundational episodes, starting points to understand the subsequent achievements. Offering another look, in this article the sanction of both laws is presented as the arrival point of the actions coordinated by Catholic farmers, bishops and architects in the polarized scenario of the Cold War.

Despite the presence of opposing ideological currents, it is possible to verify among them the persistence of an anti-metropolitan matrix characterized by a positive assessment of agrarian life. It is argued that, from the diagnosis of modernity as a rupture, the Catholic operators committed themselves to restoring family life and community, recovering roots and stable relationships with the land, promoting creative work and artisan techniques. They promoted mutual aid, cooperativism and the settlement of the rural population, as privileged instruments to recover values that they considered at risk.

Keywords: Catholicism, Cold War, mutual help, social housing

En diciembre de 1967 se creó por Ley la Comisión Honoraria para la Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir), dando así carácter legal al movimiento promovido por el abogado Alberto Gallinal Heber. El grupo por él liderado buscaba sustituir los ranchos del campo, carentes de abrigo, asoleamiento y espacio, por casas higiénicas que fueran dignas de sus aspiraciones nacionales y sociales.

Exactamente un año más tarde, en diciembre de 1968, fue aprobada la Ley Nacional de Vivienda. El capítulo que estableció el marco jurídico para la producción de viviendas bajo el sistema cooperativo fue redactado por el arquitecto Juan Pablo Terra Gallinal junto con los arquitectos Saúl Irureta, Miguel Cecilio y Mario Spallanzani y la asistente social Daisy Solari. Los cuatro eran técnicos del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), creado por el obispo Luis Baccino en 1961. El arquitecto Horacio Terra Arocena presidía entonces el Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE).

En los cuatro años siguientes se construyeron, en el interior del país, las primeras casas realizadas por usuarios organizados, siguiendo la modalidad de ayuda mutua. Entre 1970 y 1971 se inauguraron tres conjuntos de viviendas cooperativas a cargo del CCU: 25 de Mayo en Florida, Éxodo en Fray Bentos y Cosvam en Salto. En 1972, otros 16 conjuntos cooperativos fueron construidos en Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, Florida, Flores, Canelones, Colonia y San José.

En 1970, se inició la construcción del primer conjunto de Mevir en Pueblo Celeste, un antiguo rancherío ubicado en zona rural del departamento de Salto. En ese año ya estaban terminadas las primeras casas en Cerro Colorado y Casupá, localidades urbanas del departamento de Florida.

La creación de Mevir y la inclusión del sistema cooperativo en la Ley de Vivienda se instalaron en los relatos existentes sobre la historia de la vivienda social como dos episodios de carácter fundacional, puntos de partida para comprender las realizaciones posteriores. En las páginas siguientes se seguirá una estrategia de carácter opuesto, la sanción de ambas leyes será entendida como un punto de llegada. A través de la exploración de distintas fuentes primarias, en este artículo se indaga en las acciones coordinadas por estancieros, obispos y arquitectos católicos que actuaron en el polarizado escenario de la Guerra Fría.

Figura 1. Cooperativa 25 de mayo, realizada por el Centro Cooperativista Uruguayo en Florida. Infraestructura de Datos Espaciales, Uruguay. Recuperado de https://visualizador.ide.uy/

Figura 2. Pueblo Celeste, realizado por el Movimiento de Erradicación Vivienda Rural Insalubre en Salto. Infraestructura de Datos Espaciales, Uruguay. Recuperado de https://visualizador.ide.uy/

En esos años, los católicos oscilaron entre el conservadurismo extremo y el utopismo revolucionario, siendo incluso atraídos por el socialismo y el comunismo. No obstante, a pesar de la presencia de corrientes ideológicas enfrentadas, es posible constatar, tanto en los fieles como en la jerarquía, la persistencia de una matriz antimetropolitana caracterizada por una positiva valoración de la vida en el medio rural. Siguiendo a Michael Löwy (1999) entre otros autores, es posible considerar que, a partir del diagnóstico de la modernidad como ruptura, los católicos se comprometieron en una utopía común: restaurar la familia y la comunidad, recuperar el arraigo y las relaciones estables con la tierra y la naturaleza, fomentar el trabajo creativo y las técnicas artesanales.

Para ello se valieron de la creación de instituciones, la cooperación internacional católica, la acción política directa y el desarrollo de medios de comunicación de carácter confesional. Promovieron el cooperativismo y la ayuda mutua como instrumentos privilegiados para recuperar valores y resistirse al desencanto de la secularización del mundo moderno. Las viviendas construidas pueden ser consideradas como el correlato físico de estas intenciones.

La incidencia que el pensamiento católico tuvo en la arquitectura para la vivienda social se sostiene en los estudios realizados por investigadores de distintas regiones del planeta. Para América Latina destaco la gran cantidad de artículos existentes sobre la actividad del arquitecto católico chileno Fernando Castillo Velasco y en particular, la tesis doctoral de Emanuel Giannotti, Sapere tecnico e cultura cattolica. Politiche della casa e della città in Cile, 1957-1970, defendida en la Universita Iuav di Venezia en 2011. Este trabajo constituye un aporte de primer orden en tanto busca demostrar la existencia de una “cultura católica” y las vías por las cuales ha generado una específica cultura técnica para la vivienda y la ciudad.

Por razones que merecen una reflexión, pero que no haremos aquí, en Uruguay no se ha realizado un abordaje histórico de las relaciones entre arquitectura, vivienda y religión católica. Los arquitectos católicos no están siquiera identificados y, por tanto, no han sido considerados como miembros activos de grupos organizados. Aún no se abordaron los vínculos que seguramente mantenían entre ellos, las posiciones intelectuales que sostenían, sus posturas disciplinares y sus distintas formas de presencia en ámbitos académicos, políticos y sociales.

No obstante, existen estudios recientes sobre algunos actores católicos de la segunda mitad del siglo XX uruguayo que aportan datos significativos y que deben ser señalados. Me refiero a los trabajos sobre la trayectoria del obispo Luis Baccino (Azpiroz, 2016), de los sacerdotes Haroldo Ponce de León (Clavero, 2016) y Paco Berdiñas (García Mourelle, 2013) y el texto de María José Bolaña, dedicado a los “cantegriles” (Bolaña, 2018). Las investigaciones de Susana Monreal sobre los dominicos franceses (Monreal, 2019), las de García Mourelle sobre la Juventud Obrera Católica (García Mourelle, 2010) y los movimientos estudiantes católicos (García Mourelle, 2019) resultan ineludibles.

La aparición de nuevos estudios sobre las relaciones entre católicos y política durante la Guerra Fría ofrecen renovadas miradas sobre la Iglesia uruguaya y sus redes globales (Zubillaga, 2020; Geymonat, 2021; Barrales e Iglesias, 2021). Gabriel Peluffo estableció los vínculos entre arte, política y cultura, brindando una gran cantidad de referencias bibliográficas referidas a la politización de los sectores religiosos locales (Peluffo, 2018). En la misma dirección, el libro sobre la historia de los Grupos de Acción Unificadora, permiten establecer vínculos importantes para los católicos nucleados en la Parroquia Universitaria (Ponce de León y Rubio, 2018), mientras que otros datos de interés aparecen en los textos de dos historiadoras locales (Broquetas, 2014; Markarian, 2020).

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, los estudios sobre vivienda social fueron iniciados en el Instituto de Historia de la Arquitectura a mediados de la década de 1960. La primera publicación importante sobre vivienda social en Uruguay apareció en 1972 (Conti, 1972). Los casos seleccionados pertenecen a los realizados por el sector público en Montevideo, por tanto, no existe en ese texto ninguna referencia a las experiencias en el ámbito rural ni las gestiones dirigidas al cooperativismo. La continuación de este plan de trabajo se publicó veinte años más tarde (Boronat y Risso, 1992). El periodo establecido por las autoras tiene como finalidad evaluar los resultados de la Ley de Vivienda de 1968, se describen someramente los casos, con una valoración en términos sociales y urbanístico, pero apenas se nombran las experiencias anteriores a la sanción de la Ley. Si bien existen artículos recientes sobre la temática, no se han realizado nuevos trabajos de carácter histórico.

Este artículo consiste, pues, en un avance de la investigación en curso que estudia e interpreta la vivienda promovida por agentes que operaron dentro del campo católico durante la Guerra Fría. Se presenta así un cuerpo de ideas y de acciones orgánicas, con incidencia en la arquitectura, que permiten ser contrastadas con las llevadas adelante por otros grupos activos en el mismo tiempo histórico.

Estancieros, obispos y arquitectos

Alberto Gallinal Heber fue un abogado que desde muy joven se dedicó al desarrollo de técnicas agropecuarias avanzadas en las tierras que heredó de sus padres, Alejandro Gallinal Conlazo y Helena Heber Jackson. Su madre pertenecía a la familia del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, el Primer Vicario Apostólico del Uruguay, y fue la heredera de la gran fortuna de los Jackson Errazquin, una de las familias terratenientes católicas más poderosas del país.

Gallinal administraba campos que se extendían por varios departamentos y vivía en la estancia San Pedro del Timote de Cerro Colorado, en el departamento de Florida. Tuvo una importante actividad política dentro del Partido Nacional. En 1950 fue electo intendente de Florida, en 1956 fue fundador de la Unión Blanca Democrática y en 1958 fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno. En 1964, junto a Javier Barrios Amorín, creó el Movimiento Nacional de Rocha y en 1966 fue candidato a Presidente de la República por esa agrupación.

Su interés en la política se acompasó con una sostenida actividad benefactora. Educado por los jesuitas, fue un católico practicante durante su prolongada vida. En la década de los 50 apoyó la construcción de varias obras en Cerro Colorado. Su nombre está asociado a la construcción del cementerio, la comisaría, el tanque de agua, la casa del médico, la casa comunal y el teatro de verano. En 1962 recibió de manos del cardenal Antonio María Barbieri la distinción de Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la más alta condecoración que concedía el Vaticano como muestra de agradecimiento a un fiel laico por su servicio a la Iglesia.

En 1957 era presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), entidad a la que pertenecía desde 1934. En esta institución, la situación de las familias de los peones rurales fueron temas presentes desde las primeras décadas del siglo XX (Chiarino y Saralegui, 1944). La existencia de los “rancheríos”, entendido por unos miembros como producto del latifundio y por otros como resultado de factores ajenos a las condiciones laborales que sufrían, desafiaba la moral cristiana de los estancieros y, sobre todo, la de sus esposas (Méndez, 2020).

A partir del triunfo de la revolución cubana, la preocupación de los propietarios de las grandes estancias por los “pueblos de ratas” adquirió el carácter de una confrontación política.¹ El ejemplo de una Cuba fuerte, asociada a la Unión Soviética, que había comenzado a dividir la tierra, se presentaba como el despertar de una nueva conciencia para una América Latina predominantemente rural.

Frente al insistente reclamo de reforma agraria por parte del Partido Comunista de Uruguay, presidido entonces por un influyente Rodney Arismendi, los dirigentes de la Asociación Rural se enfrentaron a la necesidad de brindar soluciones para generar cambios de orden controlado y evitar alterar los privilegios de su clase social. La actividad llevada adelante por Gallinal durante la década del sesenta se ubica en este nuevo escenario, en franca continuidad con el rol típicamente benefactor que daba cumplimiento a la caridad cristiana.

En el artículo “La propiedad de la tierra frente al momento uruguayo” (Gallinal, 1960) publicado en la revista de la Asociación Rural, afirmaba que los problemas del campo derivaban tanto del latifundista que no invertía en la tierra como del agricultor que no sabía cómo producir. Indicaba que lo que había que modificar no era la extensión de las propiedades sino el tipo de relación que se establecía con el suelo y sus condiciones productivas. Señalaba allí que las leyes debían ayudar a que la riqueza se repartiera y contribuir a crear una religión de respeto por la tierra.

En julio de 1961 elogiaba la recién firmada Alianza para el Progreso propuesta por el primer presidente católico de Estados Unidos. En el artículo “Ensalzando la Alianza para el Progreso” señalaba que el acuerdo ponía el acento en los problemas agrícolas de América Latina, que contenía un programa de revitalización del suelo para resolver los usos antisociales o antieconómicos y que promovía el aumento racional de la producción (Gallinal, 1961).

En este artículo aparecen las líneas generales de su plan constructivo, en el que, sostenía, los beneficiarios debían ser los hacedores de su propio progreso. Indicaba allí que en la base del programa general del desarrollo del campo debía figurar una política de vivienda en la que los protagonistas, constructores y artesanos serían los realizadores. Junto al programa de vivienda proponía un plan de escuelas rurales que tenía por objetivo fomentar una cultura agraria, cuyo objetivo era no solo enseñar a leer, sino comprender la “misión de la tierra”.

Junto a la Alianza para el Progreso, Alberto Gallinal proponía emprender la defensa del régimen democrático, al que consideraba exitoso para dar solución a los problemas de los más pobres. Se trataba del comienzo de lo que entendía debía ser una cruzada civilizatoria del campo, apoyada en una triada compuesta por la construcción de viviendas, de escuelas primarias y de centros terciarios de formación agraria.

Al iniciarse el año 1961, Gallinal promovió un importante plan de construcciones escolares. Presidió la Comisión del Plan Bicentenario del Nacimiento de Artigas en el marco del Plan Nacional de Emergencia de Edificaciones Rurales. Con el dinero proveniente de fondos presupuestales del país y préstamos de la Agencia Interamericana de Desarrollo, entre 1961 y 1975 se realizaron más de 220 escuelas rurales en todo el país, usando la tecnología de cerámica armada del ingeniero católico Eladio Dieste, la pericia del ingeniero Marcelo Sasson y las capacidades constructivas de los trabajadores rurales que finalmente las erigieron (Construcción de escuelas rurales, 1970).

En 1962, usando también bóvedas de cerámica armada y una organización tipológica prácticamente igual a la utilizada para las escuelas, Gallinal impulsó la construcción de un grupo de siete viviendas para trabajadores jubilados de su estancia, sobre la ruta que conecta San Pedro de Timote con Cerro Colorado. Fueron financiadas por el Banco Unido de Casupá, el banco de Florida, de acuerdo a un plan que el mismo Gallinal presentó. Se realizaron mediante autoconstrucción, o más posiblemente, por un inicial sistema de esfuerzo colectivo, y entregadas luego en propiedad. Esta experiencia constituía una primera acción de carácter experimental, un modelo con el que implementar un gran plan nacional de construcciones, para el que, decía, era necesario ajustar la legislación vigente.

Gallinal señalaba que el encarecimiento de la construcción podía ser solucionado mediante el uso de las bóvedas de cerámica armada, un abaratamiento que consideraba imprescindible para el éxito de un plan de alcance nacional. Para ello proponía la creación de un impuesto especial con fines sociales y la utilización del capital accionario de bancos privados diseminados en el país. Sugería que las Cajas Populares podrían administrar los esfuerzos regionales utilizando nuevas técnicas, mano de obra barata, con alivio fiscal y liberación de cargas sociales adicionales (Gallinal, 1962).

En 1964, Gallinal dio inicio al movimiento para erradicar los rancheríos rurales, que se convertiría en Mevir tres años más tarde. Según consta en las actas conservadas en el archivo de la institución, la actividad formal del grupo comenzó en mayo de 1967. Enseguida se acercaron distintos actores católicos, entre ellos la Fundación nacional amigos del niño del campo a través de su presidente, el abogado católico Vicente Chiarino (Méndez, 2020), el dominico francés Paul Ramlot, director del Instituto para estudios políticos de América Latina (Monreal, 2019), además de varios obispos, representantes de instituciones religiosas y muchos fieles laicos.

Figura 3. Viviendas rurales en Cerro Colorado. Alberto Gallinal (1962). Revista de la Asociación Rural, (6-7), 181.

Figura 4. Escuela rural en Celeste. Fotografía de Gunnar Gil.

La Ley de Presupuesto del 26 de diciembre de 1967 creó la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre bajo la figura de persona pública, con una integración de once miembros designados por el Poder Ejecutivo. La Comisión debía administrar un fondo integrado por un impuesto del dos por mil aplicable a la compraventa de bienes inmuebles y muebles en remates públicos. Tenía como competencias dirigir, administrar y ejecutar los programas, solicitar expropiaciones, adquirir y enajenar bienes.

Su cometido principal era afincar la población en el medio rural para evitar la emigración y el vaciamiento del campo mediante la construcción de viviendas higiénicas, pero podía actuar también en las periferias de zonas urbanas en acuerdo con el Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE). Tenía como función, además, asesorar a los patrones rurales en las obligaciones establecidas por la Ley n° 10809 de octubre de 1946 que intimaba a los propietarios a dar vivienda a los trabajadores rurales (Asociación Rural del Uruguay [ARU], 1971).

Desde el inicio se definió la realización de las viviendas por medio de la ayuda mutua. El sistema, posiblemente ya experimentado en las casas construidas en Cerro Colorado, fue reglamentado definiendo las horas mínimas de trabajo semanal que debían cumplir las familias y que se destinaban de forma colectiva a la construcción de los conjuntos. También desde el inicio se entendió necesario contar con el apoyo de trabajadoras sociales para organizar las acciones de los grupos de participantes.

Se esperaba que los capataces contratados enseñaran el oficio de la construcción tradicional a los usuarios. Con el objetivo de abaratar los costos, los técnicos de Mevir realizaron distintas experimentaciones tecnológicas. Para permitir el empleo de mano de obra no calificada en zonas alejadas de las ciudades, optaron siempre por técnicas artesanales. Rechazaron así las propuestas que fueron ofrecidas por el arquitecto Homero Pérez Noble, quien entre 1962 y 1965 había puesto en práctica, en dos conjuntos habitacionales del INVE, el sistema de paneles prefabricados PNV y también el sistema VECA, de cerámica armada, patentado por Luis García Pardo en 1964 (Medero, 2012).

Para la construcción de las primeras casas se realizaron en sitio bloques de tierra y cemento compactado (ARU, 1971). Los arquitectos probaron luego incluir fibras vegetales de caña de bambú en losas y vigas también de tierra y cemento para sustituir hierros y alambres. La iniciativa promovía al mismo tiempo el cultivo de caña para usar en la construcción, considerando que, según calculaban, una hectárea podía en dos años proporcionar material para 300 viviendas (Del movimiento pro erradicación de la vivienda insalubre rural, 1967). Para la cubierta se utilizaron losetas del mismo material apoyadas en viguetas de hormigón.

Con este sistema se construyeron durante 1967 las primeras casas en Cerro Colorado y en 1969 en Casupá, en terrenos propiedad de los usuarios. Se usó también, a mitad de 1970, en el primer conjunto completo, formado por 16 viviendas en Pueblo Celeste, una pequeña localidad ubicada en un área rural alejada 85 km de la ciudad de Salto, el centro urbano más cercano. Fueron entregadas en propiedad a los habitantes del antiguo rancherío que existía allí, en predios que fueron donados por los estancieros de la zona. En ese mismo lugar se había construido una escuela rural del Plan Bicentenario, entre 1962 y 1966.

Figura 5. Primeras casas en la localidad de Casupá contiguas a los antiguos ranchos. La lucha contra el rancherío (1971). En ARU (Ed.), Cien años de la Asociación Rural del Uruguay, p. 141.

Pueblo Celeste era un antiguo rancherío formado por las familias de los peones de las estancias. Su existencia fue registrada en el plano publicado por la Comisión Nacional Pro Vivienda Popular (Comisión Nacional Pro Vivienda Popular, 1947), producto del relevamiento de rancheríos realizado por el Ministerio del Interior. La Comisión había sido creada en 1940 para realizar propaganda, estudios y acciones dirigidas a suprimir la vivienda insalubre y mejorar las condiciones de los trabajadores, independientemente de su condición rural, suburbana o urbana (Comisión Nacional Pro Vivienda Popular, 1940). Su presidente era el médico José Antonio Gallinal Carabajal, un primo de Alberto Gallinal Heber.

Celeste había sido incluida también en el plano de relevamiento de rancheríos realizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura (1950). La localidad aparecía también en el plano de ubicación de escuelas rurales realizadas a través del Plan Bicentenario (Construcción de escuelas rurales, 1970).

En el acto de inauguración de este primer conjunto, Alberto Gallinal afirmaba que la obra mostraba la unión de los vecinos y ofrecía un ejemplo de trabajo y progreso. Manifestaba que era necesario envolver al Uruguay en un manto de esperanzas para devolverle al hombre de esta tierra la confianza en sus propias capacidades. Señalaba, además, que a través de Mevir se esperaba superar el problema de la vivienda insalubre rural en los siguientes cinco años (Wilfredo Paiva, 1972).

El uso de tierra y cemento fue descartado rápidamente debido a la escasez de tierras aptas para el sistema, que contenían casi siempre greda y caliches. Se probó el uso de bloques de cemento hechos en sitio, pero presentaban problemas de contracción y dilatación por diferencias térmicas, generando fisuras no controlables y la aparición de humedades debido al mal comportamiento térmico (Mevir, 1983).

Posteriormente se pasó a utilizar muros simples de ladrillo y cubiertas de losetas de cerámica armada sobre viguetas de hormigón. Las losetas se realizaban en sitio y tenían la ventaja de ocupar un alto porcentaje de la mano de obra no especializada. Sin embargo, su costo era mucho mayor que la cubierta liviana y rápidamente se pasó a utilizar chapa de fibrocemento autoportante.

La chapa fue usada también como encofrado para realizar una capa de hormigón poroso que daba aislación térmica y se dejaba vista, como cielorraso desde el interior. El sistema se descartó debido a las fisuras provocadas en la chapa por las retracciones diferentes de ambos materiales y la absorción de humedad durante el fraguado. Finalmente, la chapa pasó a usarse como cubierta expuesta, incorporando cielorraso de espuma plast revocado en el interior de las unidades. Los muros exteriores fueron mejorados con una pared de ladrillo en espejo, separada mediante una cámara de aire del muro interior y con terminación de pintura a la cal.

La experimentación incluyó también el uso de distintas tipologías. En las primeras casas de Cerro Colorado se utilizó una planta en forma de L que reunía los dormitorios en el lado corto. En Casupá y Celeste se utilizó una planta de forma rectangular, organizada en base a un pasaje lateral que permitía aumentar el número de dormitorios, manteniendo un ancho de 4.40 m y variando el largo entre 10.00 m y 19.90 m.

Para otros conjuntos se tomó como punto de partida la disposición de los ambientes característica de los ranchos y caseríos rurales, articulada por espacios relacionados mediante un patio abierto y comunicados por aleros, que mantenían siempre el baño independiente. Se definió una tipología donde todos los ambientes se conectaban por galerías abiertas, evitando la presencia de corredores interiores.

Se adoptó luego una organización conformada por dos cuerpos. En uno se ubicaron los dormitorios y el otro alojaba sala de estar con comedor y cocina independiente que compartía una pared con el baño. La planta consideraba la posibilidad de permitir un adecuado crecimiento del número de dormitorios, sin afectar el ingreso desde el exterior al baño, que se mantuvo en varias de las versiones (Mevir,1983). Más adelante se definieron estructuras espaciales compactas.

Figura 6. Planta tipo de 3 dormitorios utilizada en Cerro Colorado. Archivo Mevir.

Figura 7. Planta tipo de 4 dormitorios utilizada en Casupá. Archivo Mevir.

Las unidades siempre fueron dispuestas de forma aislada, alineándose sobre las nuevas calles que se creaban, generando plazas y una red de caminos internos, muy elementales. Las viviendas contaban con abastecimiento de agua potable y saneamiento a cámaras sépticas individuales o colectivas y energía eléctrica. Progresivamente los conjuntos comenzaron a incluir espacios para otros usos, salones de uso común, policlínicas y guarderías, incorporando también espacios para la producción agropecuaria y unidades productivas completas (Mevir, 1982).

La actividad llevada adelante por Gallinal se acompasaba con las acciones que permitieron la formación del Centro Cooperativista Uruguayo, el instituto que fue creado a instancias del obispo Luis Baccino. Estudió con los salesianos y los jesuitas, hizo sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y fue ordenado como sacerdote del clero secular en Montevideo en 1928 (Azpiroz, 2016). Fue párroco en pequeñas localidades del interior del país y en 1955 fue nombrado obispo de San José de Mayo, una diócesis que comprendía los departamentos de San José, Colonia y parte de Canelones.

En su obispado, Baccino promovió los grupos vinculados al mundo rural, en especial la Juventud Agraria Católica, y estableció relaciones con entidades financieras internacionales de la Iglesia como Adveniat, Misereor, Desal y Cáritas para obtener becas de estudios y apoyar proyectos de desarrollo local. Promovió la granja familiar, las casas familiares rurales, la creación de institutos de formación para promotores agrarios, centros de estudios sociales y de desarrollo comunitario. Creó también el Hogar Juan XXIII en San José, un internado para estudiantes del medio rural.²

En 1961 las relaciones internacionales que mantenía le permitieron gestionar una partida de becas para que un grupo de militantes católicos se trasladara a Bélgica para adquirir conocimientos sobre cooperativismo en la Universidad Católica de Lovaina. Contaba con el apoyo del Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católica (MIJARC) y la financiación de la asociación católica Boerendond Belge, el Centro Cooperativista Agrario de Bélgica. Cuando los laicos enviados regresaron, crearon en San José el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU).

Figura 8. Vivienda rural con distintas unidades habitables en torno a un espacio central abierto. Folleto Mevir 1968-1983 (1983), p. 14.

Figura 9. Planta tipo. Folleto Mevir 1968-1983 (1983), p. 15.

Con el apoyo de Misereor, la obra episcopal de la Iglesia Católica alemana para la cooperación y el desarrollo en el tercer mundo, el CCU organizó cursos de formación en cooperativismo con la participación de asistentes de varios países de América Latina. El primero, realizado en julio de 1962 en el balneario La Floresta, contó con la presencia de Rudolf Rezsohazy, asesor de Misereor. Las clases relativas a las cooperativas de vivienda del curso de 1964 fueron dictadas por Juan Pablo Román Rodríguez y las de 1965 por Andrés Sainte-Marie Asenjo, ambos miembros del Instituto de viviendas populares INVICA de Cáritas, entidad que había sido creada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en la ciudad de Valparaíso, en 1959.

Como encargado de la pastoral juvenil por la Conferencia Episcopal del Uruguay, Baccino fue asesor de distintas organizaciones de estudiantes universitarios y de nivel secundario.³ Fue debido a esta actividad que conoció a Saúl Irureta y Daisy Solari, en ese entonces una joven pareja de formación salesiana (Irureta y Solari, comunicación personal, 22 de febrero, 2019).

Saúl Irureta había nacido en Florida, en una familia católica dedicada a tareas rurales. En 1962 pertenecía al movimiento Pax Romana, la organización profesional de estudiantes universitarios católicos, reconocida por la Santa Sede y por la red internacional de la Conferencia de Organizaciones Internacionales Católicas. Era dirigente de la Juventud Universitaria Católica (JUC) y estudiaba la carrera de arquitectura. Daisy Solari era estudiante de trabajo social y dirigente de la Juventud de Estudiantes Cristianos (JEC).

En 1962, Irureta viajó con el entonces joven abogado Patricio Rodé al Congreso de Pax Romana que se realizó en Bogotá.⁴ En la ciudad de Cali ambos visitaron el programa de viviendas que se realizaba por autoconstrucción por parte del Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano (CINVA). En ese año Daisy Solari realizaba la práctica de fin de carrera en el Instituto Nacional de Vivienda Económica (INVE).

Basados en el programa de acción comunal del CINVA, Irureta y Solari presentaron al INVE un programa experimental para construir viviendas a partir de la autoconstrucción, la ayuda mutua y el desarrollo comunitario (Rey Ashfield, Alemán y Méndez, 2018). Como resultado, en 1963 se creó en el INVE la Sección Ayuda Mutua e Irureta pasó a formar parte del equipo técnico del instituto.

En 1964 Baccino consiguió una donación de Misereor para construir viviendas en el medio rural y solicitó a Daisy Solari el apoyo para organizar un grupo de cooperativistas, incorporando la ayuda mutua. El primer lugar pensado para desarrollar la experiencia fue Pueblo Rodríguez, una localidad de San José dedicada a la producción lechera y los viñedos, pero no llegó a concretarse.

A través de Baccino, Solari e Irureta se vincularon con el sacerdote Julio Arrillaga, que había asistido a los cursos de cooperativismo del CCU y en ese entonces era párroco de la localidad 25 de Mayo, en Florida. Arrillaga organizaba entonces la vida pastoral de familias de trabajadores de tambos, que se interesaron en la propuesta (Arrillaga, comunicación personal, 18 de julio, 2020).

Paralelamente, en 1965 se creó en el CCU el sector Vivienda, integrándose primero Irureta, y luego los arquitectos Miguel Cecilio y Mario Spallanzani, sus compañeros de estudios en la Facultad de Arquitectura. Entre 1966 y 1967 se organizó la primera experiencia de cooperativas de vivienda en Uruguay, iniciativa privada que fue acompañada por Horacio Terra Arocena, presidente del INVE.⁵ Dada la similitud de intereses, se produjeron una serie de contactos entre los miembros del Centro y los de Mevir, según consta en las actas del Movimiento fechadas en 1967.

Con los fondos gestionados por Baccino para el CCU se compró el terreno en una zona casi rural de la localidad 25 de Mayo. El costo del terreno, más el aporte por concepto de mano de obra de parte de los usuarios alcanzó la contrapartida nacional prevista para la ejecución de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que estaba a disposición sin ser utilizado.

Enseguida se inició el segundo conjunto cooperativo, Cosvam, en la ciudad de Salto, integrado por un grupo de trabajadores ferroviarios liderado por Miguel Selva, un militante católico (Irureta y Solari, comunicación personal, 22 de febrero, 2019). Los terrenos fueron adquiridos también con dinero de las donaciones obtenidas por Baccino. Eran propiedad de una fiel católica que realizó la venta a instancias del obispo de Salto, Marcelo Mendiharat. El tercer grupo se formó en Fray Bentos, con trabajadores municipales, en terrenos que eran propiedad de la Intendencia de Paysandú.

El arquitecto Mario Spallanzani fue el responsable del proyecto de los tres primeros conjuntos de vivienda realizados por el Centro Cooperativista Uruguayo. El primer diseño para la cooperativa 25 de Mayo en Florida fue realizado en 1967. Reunía 45 casas independientes, de un único nivel, ubicadas aisladas en dos zonas bien diferenciadas. 23 casas se alineaban sobre una de las calles laterales otorgando urbanidad a un ámbito que entonces era prácticamente rural. Al ubicar los accesos desde la calle, contribuía a generar carácter urbano y consideraba las relaciones de vecindad con las escasas viviendas que enfrentaban el terreno.

Las otras 22 casas fueron dispuestas generando una estructura centralizada. Al ubicar el acceso de las unidades desde el espacio interior, la organización priorizó la relación entre los vecinos, generando dos zonas a modo de cul de sac. La forma obligaba a los encuentros casuales y hacia lugar para el desarrollo de actividades exteriores, amplificadas por el diseño de muretes bajos y bancos exteriores en la zona frontal de las viviendas.

La disposición de las casas permitió organizar predios de diferente superficie, con frente angosto que se ensanchaba hacia los fondos. Los terrenos fueron pensados como huertos para el consumo familiar y, por tanto, los distintos tamaños dependían de la cantidad de miembros de las familias.

La tipología de las viviendas consistía en una estructura con dos sectores diferenciados. En uno se ubicaban la cocina, el comedor y un pequeño estar y en el otro los dormitorios. Estaban vinculados por una circulación a la que se accedía desde el exterior y que quedaba contenida entre un espacio de depósito y el baño. Como en Mevir, y según afirmaba el propio arquitecto, la tipología utilizada había partido del estudio del rancho rural y fue pensada para permitir el crecimiento del número de dormitorios (Rey Ashfield et al., 2018).

La célula base adquirió variantes formales importantes, como producto de la inclusión de muros diagonales en los dormitorios que buscaban capturar la luz del sol en las distintas locaciones. La imagen resultante apelaba a la arquitectura popular mediterránea y se enmarcaba en las reivindicaciones de las estructuras vernáculas que entonces realizaba Spallanzani y otros jóvenes arquitectos locales.

Las cooperativas Cosvam y Éxodo de Artigas se ubicaron en terrenos de zonas bastante más consolidadas de las ciudades de Salto y Fray Bentos, respectivamente. En ambos casos se utilizó una tipología compacta de un nivel, que no permitía el crecimiento. Fueron dispuestas apareadas y en tiras, generando calles internas.

Figura 10. Modelo del proyecto inicial del conjunto de la cooperativa 25 de Mayo en Florida. Fondo Mario Spallanzani, Archivo Instituto de Historia (IH), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Universidad de la República (Udelar).

Figura 11. Modelo de las viviendas de la cooperativa 25 de Mayo en Florida. Fondo Mario Spallanzani, Archivo IH, FADU, Udelar.

Figura 12. Cooperativistas en la etapa final de la construcción de la cooperativa 25 de Mayo en Florida. Fondo Mario Spallanzani. Archivo IH, FADU, Udelar.

Cosvam fue formada por 42 viviendas. 30 se ubicaron en una manzana preexistente, generando una pequeña plaza que se abre hacia una de las calles. Frente a ella se dispusieron las 12 casas restantes, manteniendo el diseño de muretes bajos y bancos exteriores en la zona frontal de las viviendas de la cooperativa 25 de Mayo. Evitando la singularidad, la disposición elegida logró una integración completa con el espacio urbano que la rodea. Las viviendas de Éxodo, en cambio, fueron dispuestas sobre sinuosas calles interiores, apelando a la singularidad de recursos urbanos provenientes de trazados pintorescos.

En 25 de Mayo y Cosvam se utilizaron muros portantes construídos con bloques de hormigón de 30 cm hechos en sitio, revocados con un balay grueso y pintados de blanco. En Fray Bentos, debido a que la intendencia tenía hornos, se trabajó con muros de ladrillo doble, que quedaban vistos exteriormente. En todos los casos las cubiertas fueron realizadas con viguetas de hormigón y losetas de cerámica armada, que se realizaban fuera del circuito de obra y luego se posicionaban. Se cubrían con chapas de fibrocemento, separadas de las losetas por una camara de aire.

El sistema tecnológico empleado en estos conjuntos dependió de la forma de trabajo, ya que las viviendas fueron realizadas siempre con el aporte directo de los socios en la construcción. Dado que se incorporaba el trabajo de las familias, y muy especialmente, de las mujeres, se utlilizaron sistemas livianos de prefabricación de algunos componentes.

En estas primeras obras la ayuda mutua fue una estrategia para construir viviendas, pero además, fue un modelo para organizar los grupos humano, lograr cohesión interna y construir comunidad. Desde su formación, el Centro Cooperativista Uruguayo se orientó a promover los principios del cooperativismo a través del asesoramiento legal, administrativo, técnico y social en una acción contraria al espíritu de lucro. Opuso al mercado de la vivienda una reducción del costo, eliminando las empresas y cualquier otro intermediario, impulsando la autogestión y la propiedad común de la tierra.

El planteo urbano de los conjuntos realizados fueron la expresión física de la respuesta solidiaria al problema habitacional (Centro Cooperativista Uruguayo, 1976). A partir de estas experiencias, Solari, Irureta, Cecilio y Spallanzani redactaron, junto con Juan Pablo Terra, el capítulo dedicado el Cooperativismo que fue incluido en la Ley de Vivienda, sancionada en diciembre de 1968.⁶

Figura 13. Vista áerea de la cooperativa Cosvam en Salto. Infraestructura de Datos Espaciales, Uruguay. Recuperado de https://visualizador.ide.uy/

Figura 14. Vista áerea de la cooperativa Éxodo de Artigas en Fray Bentos. Infraestructura de Datos Espaciales, Uruguay. Recuperado de https://visualizador.ide.uy/

Figura 15. Vista de los patios traseros del conjunto de la cooperativa Cosvam en Salto. Fondo Mario Spallanzani. Archivo IH, FADU, Udelar.

Figura 16. Vista de la calle interior de la cooperativa Éxodo de Artigas en Fray Bentos. Fondo Mario Spallanzani. Archivo IH, FADU, Udelar.

Figura 17. Tipología utilizada en las cooperativas Cosvam y Éxodo de Artigas. Fondo Mario Spallanzani. Archivo IH, FADU, Udelar.

Miradas vaticanas

El rechazo de la vida metropolitana y su contracara, la positiva valoración de la vida agraria, se puso de manifiesto en las encíclicas de los Sumos Pontífices y en las cartas pastorales de los obispos latinoamericanos. En 1961, en Mater et Magistra, Juan XXIII señalaba los desequilibrios entre la agricultura y la industria (Vaticano, Papa Juan XXIII, 1961). Coincidía con su antecesor, el Papa Pio XII, en la necesidad de proteger la pequeña y mediana propiedad y de promover las empresas artesanas, las empresas agrícolas de dimensión familiar y las cooperativas. Solicitaba el apoyo de los Estados nacionales en favor del artesanado y del movimiento cooperativo, justificando que estas categorías laborales eran creadoras de auténticos bienes y que contribuían eficazmente al progreso de la cultura.

En esta encíclica, Juan XXIII consideraba que el éxodo de la población agrícola se debía a la baja productividad y al nivel de vida en el campo y respondía a los estímulos que ofrecía la vida urbana. Reclamaba a las autoridades públicas la necesidad de realizar inversiones para afincar la población en el campo. Afirmaba que los gobiernos debían invertir en servicios públicos, en la red vial y en medios de transporte, en infraestructura para abastecer de agua potable, en vivienda y escuelas, en sistemas de salud, generado además ámbitos para el desarrollo de la vida religiosa.

Además, el pontífice destacaba la nobleza del trabajo agrícola, indicando que en el campo residía el perfeccionamiento de la dignidad humana. Afirmaba que la agricultura despertaba el sentido de la responsabilidad y el espíritu de activa colaboración y que encendía el entusiasmo por la perfección del trabajo. Era un mandato de Dios, una misión excelsa y un aporte para la civilización.

Siguiendo esta importante encíclica, dos obispos uruguayos lanzaron encendidas proclamas. El 22 de noviembre de 1961, Carlos Parteli divulgó la carta pastoral de adviento Sobre los problemas del agro (Obispado de Tacuarembó, Obispo Parteli, 1961). En ese entonces estaba a cargo de la diócesis de Tacuarembó en el centro del país, de extenso territorio, organizada en base al latifundio y cada vez más despoblada. Parteli describía las viviendas miserables al borde de las estancias y sancionaba el interés de lucro de los propietarios del campo, una actitud que, afirmaba, era inadmisible para los católicos.

Con frases llenas de ardor, Parteli alegaba que la tierra era un patrimonio colectivo, que la distribución imperante no estaba de acuerdo con los planes de Dios y que había que intervenir para redistribuir la tierra, pensando en el bien común para obtener justicia social. Oponía la opulencia de Montevideo frente a la pobreza de la campaña y reclamaba acercar la ciudad al campo, multiplicando las ciudades distribuidas equitativamente en el territorio. La carta fue una declaración de combate y así fue recibida por muchos fieles.

En diciembre de 1961, Enrique Lorenzo Cabrera, el obispo de Mercedes, otra diócesis del interior uruguayo, divulgaba su carta Clausura de la primera visita pastoral (Obispado de Mercedes, Obispo Cabrera, 1961). Describía un campo desolador donde estaba ausente el trabajo y presente la miseria y el hambre. Condenaba el latifundio y reclamaba acciones inmediatas de los propietarios cristianos, recordando la misión indicada por Juan XXIII en Mater et Magistra.

Diez años después, en la carta apostólica Octogesima Adveniens de mayo de 1971, Pablo VI concluía que el desarrollo de la civilización urbana y el debilitamiento de la agraria eran uno de los principales problemas que debía afrontar la humanidad. En contraste con la vida del campo, Pablo VI describía la vida urbana de forma completamente negativa (Vaticano, Papa Pablo VI, 1971).

Entendía que la gran ciudad trastornaba los ámbitos de desarrollo de la comunidad cristiana, la familia y la vecindad, generando un nuevo tipo de soledad en medio de la multitud anónima. La urbanización, entendida como un proceso irreversible, era caracterizada por el crecimiento desordenado del proletariado, por la miseria de los suburbios, por la discriminación e indiferencia, por nuevas formas de explotación y especulación, la delincuencia, el delito, la droga y el erotismo. 

Decía el Papa que era tarea de los fieles laicos dominar este proceso y reorientarlo. Por un lado, los católicos debían contribuir a elevar la vida rural, evitando el éxodo hacia los suburbios de las metrópolis donde reinaba el consumo superfluo. Por otro, les competía reconstruir el tejido social a escala de la calle, el barrio y el gran conjunto. Los exhortaba a construir la ciudad como el lugar de existencia de las personas, creando nuevos modos de proximidad, centros de cultura, espacios recreativos y espacios para el encuentro de las comunidades. Pablo VI convocaba a los católicos a enfrentar el aislamiento de las multitudes urbanas para lograr entablar, nuevamente, relaciones fraternales. Los incitaba a anunciar la Buena Nueva materializando espacios de virtud.

Conclusiones

La confrontación campo-ciudad y el interés depositado en los problemas del medio rural consisten elementos claves para comprender el pensamiento católico del período. La interpretación de las ciudades como espacios donde no habita Dios y la “ruralidad” o el “agrarismo” como sustento teórico de los grupos católicos está presente en los trabajos de varios expertos (Barrios, 2013; Zanca, 2021). En este artículo se han presentado experiencias que buscan demostrar que los católicos uruguayos estaban muy comprometidos con la construcción material del Reino de Dios que los Papas reclamaban en sus disposiciones.

Los conjuntos realizados fueron el resultado de la coincidencia entre las posiciones de las jerarquías y los fieles laicos con la coyuntura económica y política y también, con factores disciplinares de la arquitectura en el periodo. Por tanto, son expresión de la atracción por el lenguaje de las formas vernáculas y la revalorización del rancho rural (Nudelman, 2014), reivindicaciones que los jóvenes arquitectos locales realizaban en la década del sesenta (Sociedad de Arquitectos del Uruguay, 1963). Los casos forman parte de la renovación disciplinar que Aldo Van Eyck, Jacob Bakema, y especialmente Bernard Rudosfky (Rudosfky,1964) buscaban en las construcciones sin pedigree de las aldeas rurales y los pueblos mediterráneos.

Por otra parte, las actividades llevadas adelante por Mevir y el CCU en el interior del país pueden entenderse como estrategias conscientes para el control del territorio. Para evitar ocupaciones ilegales de tierras por parte de los campesinos, impedir el éxodo rural, afincar población en el campo y, en consecuencia, controlar la explosión de asentamientos irregulares en las periferias de Montevideo. Desde ese punto de vista, pueden verse como respuestas de signo contrario a las ofrecidas por John Turner (1976).

No obstante, abrevan en similares valoraciones del poder que debía asignarse a los usuarios y obedecen también a similares estrategias económicas. Reflejan el mandato realizado desde las entidades financieras norteamericanas para reducir el costo de la construcción de viviendas por la vía de incluir el esfuerzo propio y la explotación del trabajo de los beneficiarios (Pradilla, 1983).

Los conjuntos de viviendas que se construyeron pueden ser consideradas como una estrategia para recuperar los valores que tanto la secularización como la modernidad y la urbanización ponían en riesgo. La creación de Mevir es un ejemplo muy evidente en favor de la vida rural, pero incluso la ubicación de los conjuntos de cooperativas en bordes urbanos manifiesta la idealización del suburbio, entendida como síntesis entre la naturaleza del campo y el artificio de la ciudad y quizá también, una continuidad con la vida comunitaria de las aldeas, muy idealizadas, por cierto. Los espacios intermedios construyen ámbitos de vecindad y su forma de asociación debe mucho al pintoresquismo del suburbio jardín, entendido como modelo eficiente para resolver la vivienda de las clases populares.

En todos los casos presentados, las tipologías y el lenguaje utilizados responden a la vida familiar y buscan otorgar la imagen de la domesticidad a través de proponer un número reducido de viviendas y el tipo de casa familiar en contra de los grandes bloques o superbloques. Las tecnologías utilizadas resultan de la opción por mantener y profundizar una cultura constructiva de base artesanal, contrapuesta a la prefabricación y la industrialización y de oponerse al trabajo abstracto o alienado en favor de mecanismos que permitan desarrollar el trabajo creador y, por tanto, el trabajo feliz.

Notas

¹ La designación “pueblos de ratas” o “rancheríos” corresponde a agrupaciones de viviendas o casillas construidas con terrón o paja, latas y otros materiales. Están ubicadas en medio del campo, en terrenos fiscales o en los bordes de las estancias ganaderas y su aparición espontanea no está relacionada con las vías de transporte, ni con cruces de caminos ni con actividades comerciales. Las casas son “ranchos” bajos, estrechos, sin aberturas, sin luz ni aire, sin servicios higiénicos, sin mantenimiento y con escasa duración.

² La información sobre la actividad del obispo Luis Baccino fue recogida en los documentos existentes en el Fondo Baccino conservado en la Curia diocesana de San José de Mayo.

³ Sobre la actividad de los grupos juveniles universitarios católicos véase: Archivo General de la Udelar. (s.f.). Disponible en http://historiasuniversitarias.edu.uy/wp-content/uploads/2017/11/Ficha_Colectivos_JUC.pdf

⁴ Patricio Rodé estaba especializado en Derecho del Territorio y era profesor titular de Arquitectura Legal de la Facultad de Arquitectura. Fue fundador del Centro de documentación social y pastoral Observatorio del Sur (OBSUR) y era investigador del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH).

⁵ Horacio Terra Arocena era arquitecto y un activo miembro de la Acción Católica. Fue director de los dos medios de comunicación católicos de mayor incidencia local, El Bien Público y la revista Tribuna Católica. Como Gallinal, fue distinguido por el Vaticano con la Orden de San Gregorio Magno. Militó en filas de la Unión Cívica y como miembro de ese partido político ocupó durante varios períodos una banca en el Senado de la República.

Fue uno de los principales redactores de la Ley de Centros Poblados aprobada en 1946, una norma que buscaba controlar la formación de pueblos en áreas rurales y proteger los derechos de los habitantes frente a las arbitrariedades de los especuladores y dueños de tierras. Buscando intensificar el trabajo rural al tiempo que eliminar los bordes miserables de las poblaciones, la Ley preveía dotar a las ciudades de una zona de ejido para cultivos intensivos y el desarrollo granjero. Estaba casado con Margarita Gallinal Carabajal, prima de Alberto Gallinal Heber. 

⁶ El arquitecto Juan Pablo Terra, hijo de Horacio Terra Arocena, fue uno de los más destacados intelectuales católicos de Uruguay. En 1946 conoció en Montevideo a Louis-Joseph Lebret y en 1947 participó de la fundación de los Equipos del Bien Común, inspirado en el movimiento Economía y Humanismo del fraile dominico. En 1958 se hizo cargo de la cátedra de Sociología de la Facultad de Arquitectura y fundó el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). En los años siguientes los investigadores nucleados allí realizaron nuevas e importantes investigaciones relativas a la situación rural.

En 1962 se publicó La situación económica y social del Uruguay rural, investigación basada en encuestas, realizada a pedido del gobierno nacional y la compañía CINAN de París. El estudio fue apoyado económicamente por Louis Rouseeau, Carlos O Brien, Carlos María Rodríguez Telechea, Juan Antonio Otegui y los católicos Juan Vicente Chiarino, Juan Pedro Gallinal, Alberto Gallinal, Felipe Sanguinetti y Elvira Gallinal de Sanguinetti.

Entre 1963 y 1966, Juan Pablo Terra fue consultor de la CEPAL y en Uruguay dirigió el Sector Vivienda y el Departamento de Planeamiento Físico de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE).

Tuvo una influyente actuación política: en 1967 fue electo diputado por el Partido Demócrata Cristiano, que había sido creado en 1962, y en 1971 fue uno de los promotores de la fundación de la coalición de izquierda Frente Amplio, por el cual fue senador hasta el golpe de estado cívico-militar de 1973.

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Mary Méndez  

Arquitecta (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de la República). Magister (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina). Docente FADU-Udelar. Instituto de Historia, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad de la República. Bv. Artigas 1031, código postal 11200, Montevideo, Uruguay.

merymendez712@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9210-9078