Introducción
La industrialización del siglo XIX trajo consigo, además de las transformaciones en los sistemas de producción, la aparición de nuevas formas de vida y nuevas maneras de habitar de acuerdo con las condiciones de las estructuras sociales y políticas de cada país. Los obreros surgieron como grupo social, pero también como articuladores del espacio urbano y sujetos de derecho. El tema de la vivienda obrera se entreteje, por un lado, con la ideología de las estructuras obreras y, por otro, con los procesos y transformaciones de configuración y habitabilidad de la vivienda. El objetivo de este artículo es colocar a la vivienda obrera en el centro de los cambios sociales y la lucha por el espacio. Durante el siglo XX la vivienda obrera pasó de ser pensada como un recurso solidario de las juntas de trabajadores para solventar las carencias de la clase trabajadora, a convertirse en un tema político que se resolviera en el derecho y, finalmente, en la institucionalización del mismo bajo el resguardo del Estado. En este sentido, la tipología de la vivienda obrera no solamente responde al funcionalismo arquitectónico del siglo XX, sino que contribuye significativamente a la conformación del derecho al espacio social.
Desde el marco del espacio social, las agrupaciones de obreros y su demanda de vivienda digna corresponden con la constitución de nuevas estructuras y redes de poder, a partir del surgimiento de organizaciones sindicales y espacios de conflicto. Como indica Pierre Bourdieu, para definir el espacio social “no se puede juntar a quien sea con quien sea, ignorando las diferencias fundamentales en lo político, económico y cultural” (1984, p. 4). En este sentido, el espacio social se sustenta en la articulación de un discurso de lo común y la legitimación de un lugar en el mundo. Al colocar la vivienda como garante del espacio social legitimado, se evitan los reduccionismos de la condición social determinada solamente por la situación socioeconómica o la participación en los sistemas de producción, como suele hacerse en la lectura de clases sociales. Más bien, la vivienda obrera vista como espacio social, implica la comprensión multidimensional de las capacidades y el ejercicio de poder, de manera que dominantes y dominados no son excluyentes sino que se organizan en alianzas, negocian los bienes, comparten agendas y modifican los marcos institucionales.
Empezando por Europa, el mundo comenzó a experimentar importantes cambios conforme avanzaba la Revolución Industrial,[1] específicamente en Inglaterra, con el surgimiento de la clase obrera y la evidente necesidad de vivienda para esta nueva esfera poblacional, que vivía en condiciones extremas de insalubridad. Canales explica que “una población urbana en crecimiento, unida a la inexistencia de una normativa sobre la calidad y habitabilidad (...) hizo más graves y peligrosas deficiencias como la falta de agua corriente y de un sistema adecuado de evacuación de residuos” (1994, p. 183). La necesidad de políticas públicas para mejorar la vivienda obrera se formalizó en el Acta de Salud Pública (1848), donde se pugnaba por un Consejo General de Salud encargado de mejorar la vivienda de los trabajadores.
En Francia se promulgó la Ley Melun, con una serie de medidas que contribuirían a la higiene y salubridad de la población obrera y, en 1894, se estableció la Loi des Habitations à bon Marché que buscaba “fomentar la construcción de habitaciones familiares, higiénicas y económicas y favorecer el acceso de las clases menos acomodadas a la vivienda en propiedad” (Castrillo, 2003, p. 6). Fue así como los empresarios de fábricas ubicadas en las zonas rurales comenzaron a generar asentamientos que en poco tiempo se transformaron en conjuntos de vivienda cada vez más estructurados.
La vivienda obrera apareció como un nuevo género edilicio que derivó en diversos análisis, como el impacto arquitectónico en la vida de los trabajadores, sin embargo, los intereses en el beneficio económico-político de la clase trabajadora desencadenaron movimientos como el de Robert Owen, considerado por unos como utopista y por otros como un socialista visionario que defendió a la clase obrera (Lafranco, 2013, p. 217). La intervención de los intelectuales para contribuir a las mejoras en las condiciones de vida de la clase obrera tuvo un fuerte componente paternalista y “las descripciones y consideraciones en torno a aquellos aluden a una gran masa poco instruida, que debe ser guiada hacia una buena vida y constantemente salvaguardada de la ignorancia e irracionalidad” (Lafranco, 2013, p. 223). Bajo esta perspectiva surgieron modelos de vivienda con propuestas arquitectónicas y postura social, como el falansterio en que Charles Fourier alojaría una sociedad igualitaria de carácter agrícola; y poco después el familisterio de Jean-Baptiste Godin, construido en 1880 para los obreros belgas, bajo el modelo edilicio de la modernidad europea.
El continente americano también vio manifestaciones que favorecieron la construcción de conjuntos habitacionales obreros. América latina impulsó la legislación habitacional en países como Argentina con la Cooperativa el Hogar Obrero en 1905 (Lentini, 2008), en Chile con la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 (Hidalgo, 2000) y en México con la Revolución Mexicana (1910-1917) que derivó en organizaciones de trabajadores más estructuradas, que lucharon por obtener mejoras en sus condiciones laborales y habitacionales. Además, en diferentes países de América Latina, la migración del campo a la ciudad y la necesidad de alojar a los trabajadores que hacían posible el funcionamiento de las fábricas exigió una respuesta en términos de alojamiento. Algunas empresas decidieron instalarse en lugares donde se pudiera construir lo que denominaron company towns que consistían en construcciones orientadas al bienestar de los trabajadores, la fidelidad y compromiso con la empresa (Tielve, 2018). De esta manera el empresario se hizo presente en la vivienda de sus trabajadores, identificándose incluso a través de la familia. Lo que derivó en la empresa como un símbolo paternal.
En México, la historia de las transformaciones sociales desde la vivienda obrera implica la lectura de sus tipologías más allá de la forma y materialidad de los edificios. Lo importante es entender cómo se fueron modificando los procesos de producción social del hábitat en los complejos habitacionales de los trabajadores. Las clases menos privilegiadas comenzaron a organizarse buscando mejora habitacional, y el tema comenzó a ser estudiado desde diversas áreas del conocimiento, pues incidía no solamente en el ámbito arquitectónico, sino también era un movimiento social con impacto político, económico y cultural sin precedentes. La evolución de las construcciones que dieron respuesta a los reclamos posrevolucionarios y abrieron paso a la industrialización urbana, sirve como pretexto para reconfigurar el panorama constructivo de las crisis en el poder, en el que la vivienda obrera se coloca al centro del paisaje edificado por su expresión cristalizada de las condiciones de vida de la sociedad mayoritaria, la de los obreros.
Este artículo se organiza en 3 apartados de acuerdo con los periodos más importantes de la vivienda obrera en México: la primera fase va desde 1882, con las realizaciones de las primeras viviendas obreras y hasta 1924, momento en el que comenzaba a prefigurar la conformación de nuevos aportes habitacionales; en este primer periodo se encontraba la vivienda obrera como resultado de actores políticos de la revolución mexicana que incidieron sobre la sociedad que percibía y demandaba atención a la problemática de la vivienda, más como un derecho social que como un aporte de calidad arquitectónica. La segunda fase, que comprende el periodo de 1924 a 1973, engloba los movimientos sindicales, su organización, sus reclamos, los objetivos alcanzados y el reflejo de estos en lo que a vivienda respecta. La tercera fase, de 1973 hasta 1992, es el momento en el que se institucionaliza la vivienda social con el fortalecimiento de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en el que se brindan créditos a los trabajadores para la adquisición de vivienda, así como el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI).
El abordaje del análisis es de carácter historiográfico. La investigación se sustenta sobre una base documental de artículos de revista y panfletos. A partir de estos documentos se busca plasmar desde una perspectiva hermenéutica los hechos que contextualizaron y propiciaron la conformación de la vivienda obrera como un espacio social. Se destacan hechos histórico- sociales parteaguas, que propulsaron nuevos paradigmas en la vivienda destinada para los trabajadores. En la primera fase se tocan de forma puntual las diversas industrias existentes en el país, así como la lucha sindical que ejercería la presión político-social suficiente para que cada una de las empresas fuera brindando a sus obreros vivienda digna y la forma en que tras la lucha gremial cada una de ellas va dotando a sus trabajadores de vivienda. En la segunda fase se hace evidente el cambio de paradigma en la vivienda, que ya no se define como obrera, sino que comienza a expandir su espectro a los trabajadores del Estado, convergiendo así, el obrero con el oficinista, en un planteamiento arquitectónico que buscaba prestar atención a este sector social, mismo que termina por plasmarse en la tercera fase donde se produce la conformación de las instituciones de vivienda y se evoluciona a la casa‑habitación catalogada como social.
Fase 1. El surgimiento de la vivienda obrera en México
La conformación de conjuntos habitacionales comenzó desde finales del siglo XIX. En estos años se presentaron diversas manifestaciones constructivas enfocadas en el problema de vivienda, aunque carentes de reglamentaciones y políticas públicas, pero que buscaban responder a la demanda del trabajador de diversas industrias como la textil, ferrocarrilera y minera. Las primeras viviendas destinadas para los trabajadores buscaban únicamente la supervivencia de quienes servían, sin que fuesen pensados, diseñados, y mucho menos proyectados arquitectónicamente como alojamientos con condiciones de habitabilidad y calidad de vida.
En esta época se conformaron importantes colonias de la actual Ciudad de México, entre las que destacan Santa María la Riviera, San Rafael y la Guerrero, que adquirieron desde un inicio su carácter de vivienda popular. Estos desarrollos habitacionales respondían a la necesidad de vivienda que existía en la ciudad de México, así como terrenos para equipamiento y servicios que debían enfocarse a otro sector poblacional. Algunas inclusive se desarrollaron alrededor de proyectos de infraestructura, como las de Buenavista o San Fernando, colonias creadas para la clase obrera en 1873, el mismo año en que se originó la Estación de Ferrocarril Mexicano. Es importante señalar que la infraestructura en la capital de México era sumamente deficiente; se sufría de grandes inundaciones; los servicios sanitarios no estaban al alcance de toda la población y, sin duda, eso traía consecuencias en términos de higiene y salud, siendo los más afectados los obreros.
Otro ejemplo de estos procesos es la colonia “de los arquitectos” que apareció como conjunto habitacional en dos etapas, la primera de 1859-1879 y la segunda de 1880-1899. El empresario que desarrolló este proyecto es Francisco Somera, ingeniero civil formado en Europa. Gracias a su cercanía con el imperio de Maximiliano, se adquirieron los terrenos para urbanizar sin mayor complicación en términos de adecuaciones en la traza urbana y la dotación de servicios como el agua. Al principio fue concebida como una colonia para arquitectos y estudiantes de la academia de arte de San Carlos, pero tras el derrocamiento de Maximiliano, Somera salió del país, y a su regreso 4 años más tarde decidió limitarse al rubro inmobiliario. Por la calidad de los desarrollos este tipo de colonias estaban diseñadas para personajes tan importantes como el entonces presidente de la República Manuel González, que adquirió un lote en 1881.
Andrés Sánchez (2012) considera que a finales del siglo XIX la vivienda obrera se convirtió en un hecho tangible para México, con la aparición de conjuntos habitacionales como el construido por la Compañía Industrial de Orizaba (1892), en el que las casas de los trabajadores eran levantadas con mampostería y ladrillo, siempre articuladas en dependencia de las fábricas y con tipologías importadas que no siempre funcionaban en territorio nacional. Dentro de las industrias más importantes que existían en México de principios del siglo XX, se encontraba la industria textil. Las viviendas para sus trabajadores –como en el caso europeo– se construían en las áreas contiguas a las fábricas, retomando los modelos similares al edificio de producción, con la finalidad de ser mostrados como conjuntos. La primera fábrica en su tipo fue “la Constancia Mexicana”, en la que se comenzó a visualizar al obrero más allá del rédito laboral y con el interés de solventar una necesidad social que con el paso de los años sería más evidente: la vivienda obrera digna.
La Compañía Industrial de Orizaba S.A., de 1892, contaba con un importante número de obreros en su fábrica de Tenango, Río Blanco, Veracruz, para quienes edificó más de tres mil casas distribuidas en grandes bloques y con diversos espacios según la jerarquía de cada trabajador. Aunado a esto, el complejo de la fábrica contaba con espacios para el culto religioso y el esparcimiento (teatro y jardines).
La Compañía Industrial de Atlixco, S.A., de 1899, proyectó para sus trabajadores, viviendas en bloques que conformaban manzanas, con dos cuartos unifamiliares. Además contaba con un reglamento en el que se especificaba el uso, comportamiento y mantenimiento que debía darse constantemente. Con el paso del tiempo las instalaciones de esta fábrica fueron convertidas en un centro vacacional (1980), perdiendo gran parte del patrimonio industrial digno de ser salvaguardado.
En cuanto a las demandas sociales, se pueden identificar algunos grupos de obreros organizados, cuyo objetivo era conseguir beneficios de diversa índole para todos. Las primeras manifestaciones fueron las de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz, que en 1907, tras haberse manifestado y estar en huelga, los líderes del movimiento fueron fusilados, y cientos de trabajadores asesinados por lo que se consideraba un gobierno opresor. Esta tragedia se convirtió en un parteaguas a nivel nacional con respecto a la lucha de los obreros. Aunque la idea inicial del gremio obrero mexicano era no relacionarse con la política, sino gestar un movimiento independiente, la realidad es que muchos de los planteamientos que a inicios de siglo beneficiaron a los trabajadores fueron externados públicamente por el Partido Liberal Mexicano, encabezado por Ricardo Flores Magón, con propuestas específicas como:
Jornada de trabajo de ocho horas, un salario mínimo de un peso, la prohibición del trabajo infantil, higiene en fábricas y talleres, descanso dominical, pago en dinero de curso normal, indemnizaciones por accidentes de trabajo, pensiones por vejez y muerte, abolición de la deuda de los jornaleros y desaparición de las tiendas de raya… (Ribera, 2002, p. 206).
No obstante, la participación estatal en la gestión de la vivienda de principios del siglo no fue ni el detonante ni la condición que explique las mejoras en la materia, sino que más bien fueron resultado de los cambios en la esfera política y jurídica en los que derivó la Revolución Mexicana. Los ajustes en el rubro de vivienda para la Constitución de 1917 obedecen más bien al compromiso social y económico de algunos empresarios, encaminado a la modernización del Estado porque,
aunque el artículo 123 Constitucional establecía la obligación de patrones de empresas que emplearon a más de 100 trabajadores de proporcionarles ‘habitaciones cómodas e higiénicas’, tal intención distaba de constituir una preocupación real por atender el problema social de la vivienda, y se inscribía en la política de previsión social de los derechos laborales que establecía la Constitución. (García, 2010, p. 37-38)
Así comenzó la vivienda obrera como un género edilicio que durante las diversas etapas históricas de México se iría modificando. Es, como se comenta líneas arriba, tras la Revolución Mexicana, en pleno siglo XX, cuando comenzarían a percibirse importantes aportes en este rubro, derivados de luchas político-sociales, cambios en la economía, así como diversas transformaciones culturales y las consecuentes implementaciones urbano-arquitectónicas. Carlos Tello (2007), menciona que México en realidad no contaba con un gran número de obreros, que las agrupaciones en su mayoría tenían carácter artesanal y campesino, por lo que las organizaciones sindicales más sobresalientes se enfocaron en tres grandes ramas: ferrocarrileros, electricistas y petroleros. Sin embargo, es importante mencionar también la industria textil y la minera, que indudablemente marcaron pauta en las agrupaciones sindicales dentro del territorio mexicano.
La ferrocarrilera fue una industria que hizo presencia en México desde la segunda mitad del siglo XIX, tomando fuerza hasta ser trascendental en el país como Ferrocarriles Nacionales de México a inicios del siglo XX, en 1908, justo antes del comienzo de la Revolución, que traería grandes desperfectos a las vías de comunicación férreas existentes hasta entonces, mismas que fueron reparadas con la finalidad de solventar las múltiples necesidades que la población mexicana tenía durante y después de la lucha armada. La llegada del ferrocarril incidió en el panorama social, económico, político y cultural porque, a diferencia de otras industrias, el ferrocarril estaba presente en la mayor parte del territorio nacional. Armando Sánchez (2019) detalla que la primera acción para albergar a los trabajadores ferrocarrileros fue el denominado “carro campamento”, que podía desplazarse y adaptarse en cualquier sitio. Independientemente a este modo de habitar, existían también las casas fijas instaladas en los talleres ferrocarrileros, ubicados en varios estados del país, cada una con tipología arquitectónica que reflejaba su condición espacio-temporal específica.
Para la segunda década del siglo XX, los trabajadores ferrocarrileros contaban con varios tipos de vivienda, determinada principalmente por el rango y la actividad desempeñada. Poco a poco comenzaron a generarse planteamientos urbano-arquitectónicos en los que se dotaba a los trabajadores de talleres con más comodidades, sin embargo, el uso de materiales constructivos tendía hacia lo industrial, utilizando en las viviendas, los mismos que en los talleres (ladrillo, lamina, madera).
Otra de las grandes industrias mexicanas era el petróleo. En 1901 se había promulgado la Ley del Petróleo por el presidente Porfirio Díaz, con la que se otorgaba permiso a personas o empresas, nacionales o extranjeras a explotar el suelo a pesar de que este perteneciera a la nación. En 1906 los yacimientos petroleros permitieron la construcción de la refinería experimental en Minatitlán, atrayendo a inversionistas extranjeros, dentro de los que destacó Weetman Dickinson Pearson y la firma de ingeniería de origen británico S. Pearson & Son Limited. En 1908 esta misma empresa conformaría la compañía “El Águila” que comercializaba los productos procesados de la refinería de Minatitlán. A su alrededor se crearon otras empresas como la “Compañía de Bienes Inmuebles S.A.” y poco después, en 1913, se establecieron diversos acuerdos entre empresarios para que estas dos sociedades fueran las dueñas de un gran territorio. Esto generó conflictos importantes entre empresa y obreros, porque había necesidad de terrenos para vivienda y equipamiento urbano, pero el territorio les pertenecía a las empresas.
La compañía arrendaba terrenos a sus trabajadores para que construyeran su casa, sin embargo, era más la necesidad de vivienda que las soluciones que empresarialmente se daban, por lo que tras varias disputas obrero-patronales se fue resolviendo el problema “a cuenta gotas”. Las viviendas también se ubicaban por nacionalidad y consecuente rango, pero con la constante de la falta de servicios básicos. Algunas fueron construidas con desechos de la misma refinería, otras de madera y techo de palma. Solamente algunas pocas se construyeron con mampostería y techos con teja. De esta manera fueron surgiendo colonias obreras como Tacoteno, que para 1920 ya contaba con diversas amenidades como “un club social exclusivo para extranjeros, una sala de lectura, un gimnasio, una cancha de tenis, un hospital […y que además…] era la única zona donde existían los servicios de agua potable y luz eléctrica” (Jiménez, 2021, p. 235).
La reorganización de colectivos obreros fue proliferando significativamente y eran tomados como bandera de campaña en la lucha por la presidencia de México. Toda esta revuelta provocada por el declive del porfiriato y la inminente carrera presidencial logró una mayor convergencia en los trabajadores de diversas empresas existentes en el país. De este modo, en 1912 se conformó la Casa del Obrero Mexicano (COM), luego de haber pasado por la opresión que les había impuesto el gobierno de Porfirio Díaz y que de alguna manera continuó bajo el gobierno de Francisco I. Madero.
Los empleados telefonistas, electricistas y de tranvías se organizaron en 1914 para la conformación de su sindicato, denominado en un inicio como Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico. Sin embargo, en el mismo año, cambiaron su nombre por el de Sindicato Mexicano de Electricistas que se regían como fuerza independiente de la COM con la que se relacionaban, pero sin identificarse plenamente con su ideología.
La revolución continuó y aparecieron personajes como Álvaro Obregón, que sabía de la conveniencia de tener acuerdos con la clase obrera. Obregón celebró en 1915 un pacto entre la Casa del Obrero Mexicano y los constitucionalistas, mismo que no perduró y fue disuelto por orden de Venustiano Carranza. En este mismo año se conformó una unión de petroleros mexicanos, por obreros de la refinería “El Águila” en Veracruz, a la que le siguieron otras organizaciones sindicales que emplazaban a huelga continuamente en búsqueda de una diversidad de mejoras que no fueron satisfechas, por lo que los trabajadores de las diversas industrias comenzaron a reorganizarse, tomando cada día más fuerza.
La Constitución Política de 1917 y sus reformas al artículo 123 sentaron las bases para toda la clase obrera de México. Sin embargo, los cambios en la Constitución no fueron tangibles de la noche a la mañana, porque tanto el trabajo digno, como cada uno de los derechos laborales (duración de jornada laboral, días de descanso, salario mínimo, capacitación, salud, indemnización, pensión, etc.) tardaron en reflejarse. En 1918 se funda la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y como en todas las latitudes se evidenciaba como la clase obrera estaba ligada a la política, de tal suerte que, unida al Partido Laborista Mexicano, al iniciar 1920 lanzan como candidato a la presidencia a Álvaro Obregón, quien, al alcanzar la presidencia, designa a los dirigentes de la CROM como encargados de Secretarías como la de Industria, Comercio y Trabajo. Esta excelente relación obreros-gobierno culminó cuando no hubo más apoyo presidencial.
De manera general, esta primera etapa de la vivienda obrera refleja el contexto de los primeros años del siglo XX en el territorio nacional. Por una parte, no todos los trabajadores tenían las mismas condiciones de vida, ni en ese momento ni en las décadas siguientes. La vivienda obrera apareció como un problema con muchas aristas y diversos planteamientos, en escenarios de lucha político-social permanente y en un continuum, que ha trastocado todas las esferas del poder y las clases sociales, aspectos culturales y el devenir singular de la vivienda digna con sus grandes matices.
En lo que se refiere a la vivienda como manifiesto de la conciencia de derecho, la disociación entre el espacio de trabajo y el espacio de no-trabajo hizo posible para el obrero una “conciencia dual”, por la que en un principio se reconoció como obrero en la empresa y como simple residente en su casa. No obstante, el derecho a la vivienda rebasa esta dualidad y considera la vivienda desde la dignidad humana, la conciencia de clase y la transformación de las instituciones. De aquí la importancia por superar las miradas objetivas de la vivienda obrera, como un bien económico, para poner el acento en las condiciones subjetivas de sus habitantes.
Fase 2. Sindicatos y luchas por la vivienda (1924-1973)
Algunos autores como Lewis Mumford (1955) criticaron que la arquitectura tocada por el industrialismo estuviera ausente de gusto y refinamiento. Si bien es cierto que la vivienda de producción industrial con la que se dotaba de alojamiento a los obreros no ofrecía un adelanto significativo a las teorías arquitectónicas, la apuesta principal de estas tipologías se concentró en otro tipo de avances como el surgimiento de la vivienda como problema social, la creación de nuevas estructuras políticas para la gestión del espacio social y el nacimiento de la planificación de la vivienda como requisito indispensable para las ciudades del siglo XX.
Los reclamos revolucionarios fueron muchos, sin embargo, el argumento central es que la sociedad mexicana debía tener acceso a la educación, a la salud y a la vivienda digna. Todo esto fue complementándose desde diversas trincheras y en cada una de ellas el aporte fue muy significativo. Puede decirse que es en este momento en el que la modernidad hace su aparición en el país, con manifestaciones políticas, sociales y culturales cada vez más visibles. Los pasos que se dieron, fueron trascendentales y firmes, porque se lograron varias mejoras en los tres rubros del bienestar social, pero que seguirían reclamando atención en décadas subsiguientes.
En lo que respecta a los ferrocarrileros, a pesar de la existencia de organizaciones gremiales, la Revolución mexicana las había desarticulado y no se lograron unificar sino hasta después de la década de 1920, cuando apareció la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras (CSF) que, a decir de Ingrid Ebergenyi (1984), evolucionó a lo que sería el primer sindicato de esta industria en América Latina. La centralidad que ganó el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana permitió la emergencia de una élite obrera que pronto materializó sus aspiraciones en proyectos de vivienda para los trabajadores.
En cuanto a los obreros de la industria eléctrica, la “Mexican Light and Power” era la empresa eléctrica más importante en América Latina, y en 1932 propuso un contrato colectivo de trabajo donde ya se mencionaba la casa habitación como un beneficio para algunos trabajadores. En este contrato no se especifican los puestos de quienes recibirían el beneficio de vivienda, pero se deja claro que el trabajador era el responsable de mantenerlas en perfecto estado y reparar los deterioros.
El discurso al respecto del derecho a la vivienda se fue modificando en los siguientes años, porque no todos los trabajadores tenían los mismos derechos. Para estas fechas, por ejemplo, se le ofrecía una casa habitación únicamente a quienes debían alejarse de los centros urbanos por más de un mes, y cuando el trabajo foráneo tuviera una duración mayor de tres meses. Solamente en estos casos las compañías tenían que construir casas provisionales, de acuerdo con la categoría de los trabajadores y la duración de los trabajos.
En 1931 se promulgó la Ley Federal de Trabajo, con lo que se cimentó la lucha de los obreros y se inició la consolidación de los sindicatos. También en este momento comenzó a visualizarse el derecho a la vivienda adecuada desde la perspectiva arquitectónica. El arquitecto Juan Legarreta presentó para 1930 su tesis sobre vivienda obrera en la que contemplaba, además de los elementos constructivos y la implicación económica de la misma, una lectura de la familia trabajadora, en la que la madre permanecía de manera constante en el hogar. Legarreta fue ganador, junto con Justino Fernández, del concurso de “La Casa Obrera Mínima” impulsado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia en 1932. Como resultado, fue invitado por obras públicas a realizar un prototipo, primero en la colonia Moctezuma, luego en Balbuena y tiempo después en San Jacinto.
El argumento central de los primeros prototipos de vivienda obrera estaba sustentado en la composición de las familias, en las que:
se establece como centro a la madre, quien desde la cocina, sin moverse, organiza, vigila, controla el acceso, prepara la comida y cuida a los niños. El espacio central de la vivienda funciona como estancia, taller, y área para fiestas, con posibilidad de extenderse hacia el jardín. La recamara de los padres, la más alejada de las otras y más cercana al baño, permite la intimidad de la pareja. (Vázquez, J. 2012, p. 48)
En cuanto a la configuración urbana de los desarrollos, los conjuntos propuestos se disponían de la siguiente forma: 120 viviendas agrupadas en cuatro manzanas, en cuyo centro se levanta un jardín común llamado “Jardín Obrero”. Legarreta definió tres tipos de viviendas: tipo 1, de un nivel, 54.90 metros cuadrados; tipo 2, dos niveles y un área para comercio o taller, 44.10 metros cuadrados; y tipo 3, dos niveles, 66.66 metros cuadrados.
Los problemas de la vivienda popular, entendida como la que requerían todos los trabajadores del país, fue un tema en constante discusión. El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A. organizaba conferencias que buscaban el análisis de esta problemática desde diversos ángulos. La perspectiva urbano arquitectónica tenía claro que la vivienda obrera debía ser resuelta de manera tripartita, a través de la participación del trabajador, el patrón y el Estado. Incluso se hacía evidente que no se trataba solamente de extender zonas urbanas, por el requisito de dotarlas de infraestructura, de tal manera que el objetivo inicial fue la concentración vertical. Por otro lado, se analizaba el impacto económico-social, se buscaban opciones de financiamiento, e incluso se articularon esfuerzos para encontrar salidas que solventaran el rezago habitacional a través de acciones jurídicas.
En 1936 se fundó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organismo sindical que se unió al Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Estas acciones derivaron en el control del Estado sobre los sindicatos obreros. En el ámbito petrolero la situación tampoco había mejorado, en 1936 conformaron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, industria que se encontraba en manos de empresarios extranjeros, y que el 18 de marzo de 1938 fue expropiada a través de un decreto presidencial. Para junio de ese mismo año se había creado Petróleos Mexicanos, la única empresa que podía explotar y administrar los yacimientos encontrados en territorio nacional.
Luego de 1940, con el cierre de la época revolucionaria, los procesos urbanizadores ya habían comenzado a transformar las urbes. La aparición de edificios y la densificación de las ciudades poco a poco diversificó los usos de suelo y la tipología de la vivienda. Aparecieron entonces los edificios de departamentos. Como consecuencia, la política de vivienda se inclinó hacia la gestión del suelo, el ordenamiento territorial y la expansión urbana.
La Ley del Seguro Social se publica en 1943, que daría origen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reforzaría la Secretaría de Asistencia Pública, creada en 1937. En materia de salud, se estableció el Plan Hospitales en el País, luego la educación con la Campaña Nacional contra el Analfabetismo con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) en 1944. En ambos rubros se buscaba dar respuesta adecuada a buena parte de los reclamos sociales. Tanto en proyectos de salud como de educación, los arquitectos proyectaron en diálogo directo con especialistas, tanto para la investigación como en el diseño de cada una de las clínicas, hospitales y escuelas. En ambos casos, se consideraba que la construcción de una casa habitación sería complemento fundamental para el bienestar de los trabajadores.
Por otro lado, con la creación del IMSS la idea de vivienda obrera comenzaba a abarcar un panorama más extenso que aquél del trabajador industrial. Apareció un espectro empresarial más amplio y las instituciones gubernamentales como nuevos nodos de las agrupaciones de trabajadores. Los cambios en los gremios implicaron una metamorfosis en el planteamiento del hábitat residencial con respecto a las colectividades. Como resultado de estos ajustes, desde la Dirección de Pensiones Civiles se trazó un plan para resolver el tema de vivienda para los trabajadores públicos de México.
Figura 1. Centro Urbano Miguel Alemán. Pani, M. (1950), p. 269.
En 1947 comenzó la construcción del Conjunto Urbano Presidente Alemán (CUPA), que se concluiría en 1949 (Figura 1), concebido para servidores del Estado con capacidad de pagar un alquiler. El proyecto se diseñó “con perspectivas generosas al horizonte desde todos los ángulos; alcoba para cada uno de la familia; servicios higiénicos modernos; la clara bendición de la luz; jardines donde alegrar los ojos” (Acevedo, 1951, p. 183). Sin embargo, es importante asentar el arquitecto Mario Pani encargado del proyecto, tenía clara esa distinción que a través del tiempo parecía ser más determinante entre obreros y trabajadores. Pani veía la vivienda obrera como un espacio para familias sin capacidad de ahorro, con poco interés por conservar en buenas condiciones lo que se le otorgaba a través de subsidios. Los trabajadores, por el contrario, no solamente estaban necesitados de habitación, sino que tenían posibilidades de alcanzarla con sus propios medios. Por eso en los edificios para trabajadores se podían desarrollar mayores alcances en cuanto al diseño arquitectónico. Como indica Porset, en este periodo fue la primera vez que en México se articuló un buen número de especialistas “buscando la integración del arte y la técnica con fines sociales: en el proyecto general han colaborado los técnicos de la construcción, arquitectos, pintores y diseñadores de jardines” (1950, p. 119).
En el complejo habitacional de Mario Pani se incluyó el diseño de los muebles con la intención de completar el “bien habitar”. La solución cuidaba el bajo costo, resistencia y estética, con materiales mexicanos. Para 1950 se habían amueblado 108 departamentos del CUPA. La perspectiva interdisciplinar del proyecto incluyó artistas, como el muralista José Clemente Orozco, quien falleció dejando sus últimos trazos al aire libre en este complejo.
Figura 2. Centro Urbano Presidente Juárez. Pani, M. y Ortega S. (1952), p. 377.
Figura 3. Centro Urbano Presidente Juárez. Pani M. y Ortega S. (1952), p.381.
Figura 4. Multifamiliar para maestros UNAM. Acevedo, A. (1952), p. 332.
El Centro Urbano Preside nte Juárez (CUPJ), inaugurado en 1952 (Figuras 2 y 3), fue construido pensando en mejorar lo logrado en el CUPA. El proyecto a cargo de los arquitectos Mario Pani y Salvador Ortega Flores consistió en 19 edificios con doce tipos de viviendas. Este conjunto permitió ampliar el parque habitacional existente, incluyendo áreas comerciales, guardería y un centro deportivo. Se contempló también la construcción de 63 viviendas unifamiliares. La integración plástica del CUPJ, estuvo a cargo de Carlos Mérida, con ayuda del pintor Alfonso Soto Soria, quienes buscaron consolidar “un plan puramente abstracto (…) Mérida logró un conjunto de extraordinario interés plástico [… porque] esta pintura es parte de la arquitectura, aunque pierda un día su color” (Goeritz, 1952 p. 422-423).
En el contexto de la construcción de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sus múltiples escuelas, áreas administrativas, deportivas y de recreación, estaba también concebida la vivienda para los maestros (Figura 4). Desde esta perspectiva la UNAM proyectó en 1952 un edificio de diez niveles en los que se distribuían 52 departamentos, con los servicios necesarios. Este proyecto también estuvo a cargo de los arquitectos Mario Pani y Salvador Ortega Flores.
Entre otros proyectos de esta época, en 1954 el IMSS comenzó la construcción de la Unidad de Servicios Sociales y Habitación n°1 Santa Fe, obra del arquitecto Mario Pani, inaugurada a mediados de 1957. El proyecto proponía una solución al problema de vivienda de los trabajadores, cercana a su centro de trabajo como se hacía en las fábricas de principios de siglo. Se incluyeron además los centros educativos, servicios comerciales y de ocio, así como una clínica. Las casas se rentaban a trabajadores y obreros. Por orden presidencial, este modelo sería replicado en diversas entidades de la provincia mexicana.
También el IMSS, en 1959, inició la construcción de otra Unidad de Servicios Sociales y Habitación, denominada “Independencia”, proyectada por los arquitectos Alejandro Prieto Posadas y José María Gutiérrez Trujillo, con un total de 2500 viviendas. El complejo pretendía brindar una serie de servicios a sus habitantes, con cuatro funciones principales: habitar, trabajar, circular y recrearse. También estaba contemplada una clínica de consulta externa. El planteamiento de varios tipos de vivienda es recurrente, incluyendo las unifamiliares, edificios multifamiliares y departamentos de lujo con un costo más alto. Los departamentos de lujo se destinaron a las familias de patrones, hombres de empresa, profesionales y ejecutivos de industrias, comercios y oficinas de la zona de influencia. (Prieto, y Gutiérrez,1961, p. 22).
Poco después, en 1962, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez diseñó “la casa que crece”: una vivienda en la que lo primordial era la estructura metálica y que, por su facilidad en cuanto autoconstrucción, se convirtió rápidamente en el modelo de vivienda de avanzada en México. Esta tipología fue diseñada para varios tipos de núcleos familiares, privilegiando a los obreros e incluyendo un instructivo al momento de la compra. En la misma década surgieron el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario de la Vivienda (FOVI). Con ambos organismos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comenzó a dotar de vivienda a grupos sociales menos favorecidos, a través de intermediarios financieros (Montejano, Caudillo, y Cervantes 2018, p. 192).
Fase 3. El paso de la vivienda obrera a la vivienda social (1973-1992)
De acuerdo con Alain Touraine (1969), una nueva sociedad postindustrial aparece en el cierre del siglo XX como resultado de los cambios en la economía y la cultura. El sociólogo advierte que la postindustrialización sería un horizonte más problemático que la era industrial por varias razones, como la terciarización de la economía, la urbanización descontrolada y la amenaza a los sistemas democráticos desde la nueva expertise de los sistemas informacionales.
En el año 1971, el movimiento obrero se unió para exigir que se cumpliera el artículo de la constitución que obligaba a los patrones a proveerles de vivienda. La ley presentaba tres principales limitantes: los contrastes de salarios entre las diferentes regiones del país, las dificultades de las empresas para asumir la carga económica de la vivienda y las diferencias entre las empresas que no facilitaban la generalización de una legislación única. El resultado de estas movilizaciones llevó a que se obligara a todos los patrones a cumplir con su obligación, quitando toda excepción a la ley, además de prohibir que se otorgaran viviendas en alquiler para obligar a que se entregaran como propiedad.
Uno de los principales resultados que obtuvo el Movimiento Obrero fue la creación de la Comisión Nacional Tripartita integrada con representantes patronales, obreros y gubernamentales. A raíz de esto, ya desde 1971 se establecieron diez temas básicos que demandaba el movimiento y que serían asuntos clave para el futuro de las empresas: (1) inversiones para el empleo de mano de obra; (2) desempleo; (3) capacitación; (4) productividad; (5) descentralización de la industria; (6) maquiladoras de la frontera; (7) carestía de la vida; (8) vivienda popular; (9) exportaciones; y (10) contaminación ambiental.
Fue así como se institucionalizó la política de vivienda, privilegiando a quienes tenían un empleo formal. La presión de los obreros derivó en la pronta creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con la representación tripartita de patrones, obreros y Estado.[2] La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue promulgada en 1972 y en ella se establecía la creación de INFONAVIT. Además, en la ley se estableció que los empresarios destinaran un porcentaje del salario del trabajador para constituir un fondo, con la finalidad de que los trabajadores tuvieran la posibilidad de adquirir un crédito de carácter social para comprar una vivienda. En ese mismo año se creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el segundo ente financiero de vivienda social (Maycotte y Sánchez, 2010, p. 601). Para los empleadores, la creación del INFONAVIT y del FOVISSSTE significó la obligación de realizar aportaciones para la vivienda en relación con el salario de los trabajadores.
El INFONAVIT habría de otorgar los recursos necesarios para las viviendas de los trabajadores, pero también estaría encargado de cuidar la política de vivienda y el desarrollo urbano. Poco a poco comenzaron a surgir los desarrollos construidos bajo esta nueva lógica, entre ellos El Conjunto Habitacional Iztacalco (1973), primer desarrollo urbano construido por el INFONAVIT. En el Conjunto Habitacional Iztacalco se desarrollaron 5000 viviendas, un lago artificial y servicios como escuelas, hospitales. Al igual que en los proyectos anteriores, se proyectaron diferentes tipos de viviendas, con unifamiliares, dúplex y edificios verticales (Figura 5).
La planeación urbana se institucionalizó en el periodo 1976-1978, con la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos y el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano, respectivamente. Los desarrollos habitacionales se fueron consolidando al mismo tiempo que las instituciones de regulación urbana. Así aparecieron en la Ciudad de México los conjuntos como El Rosario, Culhuacán, Prados Churubusco, Hueso Periférico y La Cantera. El diseño de los primeros desarrollos fue asignado a los arquitectos de renombre como Pedro Ramírez Vázquez, Juan Sordo Madaleno, Ricardo Legorreta, Abraham Zabludovsky, Teodoro González de León, Imanol Ordorika y Mario Schjetnan.
Figura 5. Conjunto habitacional Iztacalco 1976. Payan, C. (1976), p. 28.
Desde la época de 1970, los investigadores en materia de urbanismo insistieron en que había que poner especial atención en los precios del suelo. Víctor Urquidi y Adalberto García, ya en 1973, insistieron en que:
Entre 1973 y 1992 se otorgaron 3.6 millones de financiamientos y subsidios habitacionales, de los que 74.5% se destinó para adquisición de vivienda nueva. Los ONAVIS entregaron 49.4% del total de préstamos durante este periodo (ONU-Hábitat/INFONAVIT, 2018, p. 70). Estos años fueron decisivos en cuestiones de legislación para la planificación urbana, pero muchas de las acciones estaban desarticuladas, por ejemplo, aunque existiera una Ley de Asentamientos Humanos, la reforma del artículo 115 de la Constitución[3] dio mayor autonomía a los gobiernos municipales para solucionar las problemáticas de vivienda, al margen de las regulaciones nacionales que vigilaban la expansión de las ciudades.
También en 1973 se creó la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra (CORETT) como alternativa para solucionar los problemas de ocupación informal del suelo. La población de menos recursos socioeconómicos seguía adquiriendo terrenos y edificando con sistemas de autoconstrucción que no respetaban las regulaciones. El tratamiento diferenciado del mercado formal e informal de la vivienda tomó entonces dos vertientes: la adquisición de suelo con financiamiento para la construcción de vivienda propia y los derechohabientes que adquirían su vivienda a partir de los organismos y procedimientos oficiales.
La regularización de la venta de suelo también tuvo consecuencias negativas. Cualquier parcela podía ser vendida en la lógica de oferta/demanda, sin establecer límites para la conversión de suelo rural en urbano, lo que derivó en la expansión descontrolada de las ciudades hacia la periferia (Bazant, 2011, párr. 29). Además, la modificación del artículo 27 de la Constitución permitía a los campesinos comercializar sus tierras, inclusive ejidales, con lo que se rompieron las barreras de la ruralidad que contenían a las ciudades, se desencadenó una fuerte especulación del suelo y los inversionistas privados comenzaron a adquirir suelo en territorios rurales para transformarlos en bolsa de reserva para desarrollos inmobiliarios posteriores (Maycotte y Sánchez, 2010).
De acuerdo con Pradilla (1974), la vivienda en las sociedades capitalistas como México había terminado por verse como una mercancía, en la que la necesidad del espacio habitable que si bien comprendía aspectos individuales, familiares y sociales, estos últimos con un amplio espectro de impacto, la llevaron a transformarse en un objeto, en el que se busca la satisfacción no solamente de quien la habitaría sino del que la desarrolla, convirtiéndose en un producto asequible al consumidor solvente y no para el trabajador necesitado de vivienda. La vivienda, además, fue convertida en un medio para valorizar el capital. La autoconstrucción se constituyó como la alternativa de las clases trabajadoras, muchas veces extendiendo sus jornadas laborales con la finalidad de ahorrar y ampliar poco a poco sus casas.
En 1976 el despacho Legorreta construyó la unidad habitacional de El Rosario sobre una superficie de 2,375,000 m2. Un caso especial dentro de la Ciudad de México por sus dimensiones. En este proyecto, la estructura urbana del desarrollo inmobiliario se basa en una columna vertebral de alta densidad en donde se encuentra la atracción principal y centros de actividad de la unidad, éstos siendo comercio, recreación, cultura. La exploración arquitectónica en los proyectos de vivienda comienza entonces otro tipo de búsquedas, en una constante integración entre la escala del edificio y el entorno inmediato de la ciudad.
A finales de los años setenta se veía con mayor claridad la necesidad de descentralizar la industria de las grandes ciudades, sobre todo de la capital del país. Los esfuerzos en el tema de vivienda se ampliaron a las diversas entidades federativas. La expectativa era que tanto el gobierno federal como los estatales donasen terrenos para el desarrollo de viviendas, establecer puentes con la industria privada y los diversos parques industriales, de manera que la producción y financiamiento de la vivienda fueran más ágiles.
De esta manera aparecieron conjuntos habitacionales como el “Fidel Velázquez Sánchez” en Chilpancingo Guerrero. El plan maestro contemplaba la edificación de 528 viviendas. El proyecto contaba con una tipología mixta de viviendas verticales y horizontales. Estás últimas con dos planteamientos, el de la casa unifamiliar, y el tipo dúplex. Además, este proyecto introdujo nuevos materiales en el sistema constructivo, dando paso al tabique y el concreto, así como los materiales regionales que pudiesen aminorar los costos de la obra (Figura 6).
A partir de la década de 1980, los gobernantes con vertiente neoliberal abrieron la puerta al libre mercado del suelo y menospreciaron el valor del suelo agrícola como un recurso natural (Soto Cortés, 2015, párr. 139). Las políticas de vivienda también fueron poco a poco quitando responsabilidad a las instituciones del estado para promocionar la vivienda, alineándose cada vez más a las normativas propuestas por el Banco Mundial. La zonificación del suelo en las periferias se fue descuidando y se multiplicaron los desarrollos sin que se determinaran las condiciones de suelo, la infraestructura y equipamiento necesarios.
Los esquemas de financiamiento para la vivienda sufrieron modificaciones importantes en el periodo de 1988-2000. Las transformaciones en la política de vivienda que la llevarían hacia el esquema neoliberal se suscitaron principalmente bajo la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, el gobierno redujo su actividad en materia de producción y promoción de la vivienda, para favorecer la desregulación financiera, la participación de los bancos y la multiplicación de préstamos hipotecarios para el financiamiento de la vivienda. A partir de 1988 la política de vivienda comenzó a alinearse con el Banco Mundial, que indicaba de manera específica los lineamientos para las inversiones destinadas a la vivienda en el país, con la rentabilidad como centro de las operaciones. Un año después y como consecuencia de estos ajustes, en 1989 comenzó la privatización del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) y en 1993 se creó el Programa de Fomento y Desregulación de la Vivienda (PFDV), impulsado por los lineamientos del Banco Mundial, donde se establecía como objetivo central la disminución del papel regulador del Estado mexicano en la actividad habitacional.
El siguiente parteaguas de la política de vivienda fue el año 1992, cuando se reformó el artículo 27 constitucional que permitía a los desarrolladores inmobiliarios la incorporación de tierras ejidales y comunales, al mismo tiempo que el Estado transformó a los organismos nacionales de vivienda en entidades financieras (Maycotte y Sánchez 2010, p. 602). Hasta entonces, el Estado construía, financiaba y aplicaba subsidios con tasas de interés menores a las del mercado. Con la sesión a las instituciones financieras, el estado dejó de supervisar los programas de vivienda, de crear bolsa de suelo y mantener el valor social de la vivienda. De esta manera, se dejó el camino libre para la entrada del mercado inmobiliario. Con las medidas dispuestas para la desregulación de los procedimientos, se evidenció la retirada del Estado ante la llegada del neoliberalismo económico como nuevo moderador de las políticas habitacionales. Aparecieron así los nuevos proyectos de vivienda social en zonas cada vez más alejadas de los centros urbanos y con modelos replicados de menor calidad en el diseño.
Figura 6. Conjunto habitacional INFONAVIT Fidel Velázquez Sánchez. 1978. Soto Giles, J. (2014), p.119.
Conclusiones
La sociedad mexicana trabajadora de principios del siglo XX trajo consigo transformaciones en los sistemas de diseño y construcción de la vivienda, pero sobre todo en los reajustes de las estructuras políticas con respecto a la vivienda como derecho. La arquitectura poco a poco dirigió la mirada hacia el hábitat obrero. Desde inicios del siglo surgieron varios planteamientos, consecuencia de una lucha gremial que fue consolidándose a la par del desarrollo de las industrias, abonando con ello a la planificación de las ciudades y dotándolas de la infraestructura necesaria para satisfacer el crecimiento de las mismas con consecuentes mejoras en higiene y, por ende, en salud.
El posicionamiento obrero a nivel político-social fue más lento, pero poco a poco concretó sus exigencias en educación, salud y vivienda digna. Para la sociedad obrera, marginada y en condiciones de miseria, el principal desafío es que a pesar de los múltiples esfuerzos, tanto de las organizaciones sindicales como de empresarios e incluso del gobierno, la demanda de vivienda digna nunca se puso en el centro de los debates y, más bien, se atendía de manera indirecta, privilegiando salud o educación.
El devenir histórico de la vivienda obrera se puede revisar desde múltiples perspectivas y diversas áreas del conocimiento. En el campo de las tipologías arquitectónicas se ha trabajado un panorama desde el que se presenta a la casa del trabajador como un producto arquitectónico íntimamente ligado a los procesos sociales y políticos de la época. En términos de espacio social y la conquista de derechos que se manifiesta en la casa obrera, la transformación de la casa como un beneficio para posicionarla como un objeto de lucha social permanente, permitió que en México se consolidara como derecho al espacio físico y acceso al hábitat y, desde ahí, el obrero se instala en los campos sociales como un agente de acción política y transformación de los procesos sociohistóricos de las dinámicas nacionales.
En el esbozo de los principios históricos, políticos y sociales desde los que se gesta la vivienda obrera en México, este texto sintetiza los elementos arquitectónicos que se fueron haciendo presentes conforme el establecimiento de las diversas relaciones entre el obrero, el patrón y el Estado. En las primeras décadas del siglo XX se observa la vivienda obrera en condiciones de vida tan deficientes que convergieron con los diversos ideales revolucionarios a inicios del siglo XX. Más tarde, diversas organizaciones sindicales de la clase trabajadora vieron en la política pro y posrevolucionaria el escaparate y la mancuerna ideal para convertir en resultados tangibles cada una de sus demandas. Con ello, la estructura sindical que se consolidó durante la primera mitad del siglo XX en la industria ferrocarrilera, eléctrica, textil, petrolera y minera, al mismo tiempo que se fue construyendo gradualmente la vivienda obrera de mejores condiciones para los trabajadores.
La segunda etapa de la vivienda obrera es la del periodo en el que la lucha entre los sindicatos, los patrones y el gobierno se consolida y estructura más eficientemente. Ese momento deja en claro que el espacio social y la planificación de la vivienda forman parte inherente a la conformación de lo urbano como territorio del conflicto y de los ajustes en las estructuras societales. Por ello, dentro de los principales compromisos y reclamos ciudadanos se encontraba el de una vivienda digna que tenía como objetivo dotar a las familias de los trabajadores en general, dando de a poco, cause a la división o transformación de vivienda obrera a vivienda social.
Los procesos urbanizadores avanzaron tanto en la capital como en la provincia lo que impactaba en nuevas necesidades para la población, es por ello que el surgimiento de instituciones como el IMSS, la SAP y el CAPFCE, tras esto, la vivienda obrera comenzaba a abarcar un panorama más extenso. Aparecieron intervenciones que marcarían la historia de la arquitectura mexicana desde la apuesta a la vivienda para las clases trabajadoras, logrado con el planteamiento de casa mínima de Juan Legarreta, así como con la posterior planificación de conjuntos habitacionales como los proyectados por Mario Pani, aportaciones arquitectónicas, pensadas en los trabajadores de oficinas, de comercios, instituciones de salud o profesores universitarios.
Finalmente, se visualiza un tercer periodo para la vivienda obrera mexicana: el que las políticas públicas y la intervención del estado a partir de la creación de instituciones como INFONAVIT y FOVI. Desde este nuevo marco convergieron la vivienda obrera y la vivienda social, con cambios importantes en la gestión del uso de suelo, los modelos de edificación y los sistemas de financiamiento. Nuevos fraccionamientos hicieron su aparición con un esquema arquitectónico en serie, dirigido a todo trabajador con empleo formal, quien tenía el privilegio consecuencia de su relación laboral, de ser sujeto de crédito. En esta misma temporalidad, se edificaban complejos habitacionales industriales, que darían respuesta a los nuevos planteamientos políticos-urbanos que buscaban el auge económico del país. Se hizo evidente que en todo lo referente a vivienda se fueron modificando, y en los últimos años del siglo XX, con políticas públicas perfectamente dirigidas a este rubro, abrieron libremente el mercado del suelo, y con ello, la consecuente modificación de los esquemas de financiamiento inmobiliario.
En el México del siglo XX la vivienda obrera se entreteje con cambios políticos y sociales en el mundo del trabajo, la empresa y las relaciones con el estado. La urbanización y conformación de las ciudades se fue construyendo dentro de un complejo y enriquecedor “diálogo” entre la clase trabajadora, las manifestaciones socioculturales de una población diversa y, en su mayor, parte carente de adecuadas condiciones de vida, así como de una política que provocaba avances y retrocesos en la materia. Todo aquello que engloba a una sociedad y su cultura, se modifica a través del tiempo, conforme se obtienen más datos o nuevas perspectivas. Por otra parte, la identidad y su conservación van más allá de muros, planes, proyectos y acciones políticas públicas, la vivienda obrera, permite visualizar desde un amplio panorama el desarrollo de un país, desde una perspectiva que supera lo tangible.
Notas
[1] En el contexto global, “el término de revolución industrial comenzó a utilizarse en el siglo XIX y no es el más adecuado para definir ese periodo largo y de transformaciones en toda la economía y no solo en la industria, pero lo seguimos utilizando en el sentido de transformación profunda.” (Escudero, 2009, p. 155).
2 Con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFO), promulgada el 21 de abril de 1972, el gobierno pretendió dar una solución parcial al problema de la vivienda a través de una institución con administración tripartita, en virtud de que su Asamblea General estaría integrada por representantes del propio gobierno federal, del sector empresarial y del sector obrero.
3 En 1983 se reformó el artículo 115 constitucional para conceder a los municipios la facultad de conducir el desarrollo urbano en sus territorios, controlar los usos de suelo, otorgar licencias y permisos de construcción, y proveer buena parte de los servicios públicos.
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Rocío Ramírez Villalpando
Dra. en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos. Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Departamento de Arquitectura. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Av. Universidad 940, Ciudad Universitaria, C. P. 20100, Aguascalientes, Ags. México.
rocio.ramirez@edu.uaa.mx
https://orcid.org/0000-0001-7964-7058
Carlos Ríos Llamas
Dr. en Estudios Científico-Sociales Antrópicos. Profesor-Investigador. Facultad de Arquitectura. Universidad de La Salle Bajío. Avenida Universidad 602, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto. México.
https://orcid.org/0000-0001-5274-6558